Conflicto, paz y resolución

La abogada querellante del caso Huracán, Karina Riquelme, explicó que el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Carabineros, han generado causas donde se acusa a personas al boleo

Casi ocho años han pasado desde la Operación Huracán, un escándalo de montaje policial que remeció al país. En 2017 y bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros de Chile detuvo a ocho comuneros del pueblo Mapuche acusados de ser miembros de una asociación ilícita terrorista y de pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu (WAM).

En 2018, el Ministerio Público -ya a cargo de la investigación- detectó una serie de irregularidades en las pruebas, como mensajes telefónicos falsos. Por ese hecho, se removieron de sus cargos, el general de Inteligencia, Gonzalo Blu, dos oficiales, el mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses, y el asesor informático, Alex Smith, a quiénes hoy se les acusa de falsificar instrumento público, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, entre otras.
Para este pasado jueves estaba proyectado el comienzo del juicio oral contra 11 exautoridades policiales, pero nuevamente la audiencia fue aplazada ya que la defensa del ex jefe de Inteligencia solicitó la inhabilidad del juez, José Ignacio Rau. Cabe destacar que el proceso contempla casi 100 audiencias, más de 200 testigos y miles de pruebas.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada querellante del caso Huracán, Karina Riquelme, explicó que este caso ha sido largo y extenso “debido a las solicitudes de defensores desde el día uno, o sea, el defensor de uno de los acusados por asociación ilícita, Patricio Marín Lazo, el primer día no llegó a la formalización y desde ahí en adelante siempre hubieron distintas solicitudes de suspensión que han hecho que, además, todos los imputados hoy día abonen tiempo en el caso de que resulten ser condenados”.
“Es decir, en el caso de que salgan condenados, tiene que saber la sociedad que se les va a abonar 7 años de los cuales ellos estuvieron la mayor parte de ese tiempo en su domicilio”, cuestionó.

– ¿Por qué eso se ha permitido?
Los tribunales en particular han sido los que han dejado que esto suceda. Generalmente la necesidad de un acceso a la justicia en un tiempo adecuado es parte de la reparación que cualquier víctima se merece respecto de un hecho grave, acontecido.
Estamos hablando de delitos que atentan contra la fe pública, contra la confianza en la institucionalidad, donde lo central es el Estado de Derecho y nos parece a nosotros, a las víctimas, y a mí como representante de las víctimas, que son los tribunales los que de una u otra manera han dejado que esto suceda y que hayan transcurrido siete años desde que los hechos acontecieron, sin que absolutamente nadie esté sancionado por la realización de estos actos tan graves como son inocular pruebas para acusar falsamente a cualquier persona.

– ¿Cuál es el mensaje que deja el inicio del juicio oral a casi ochos años del caso?
La impunidad genera siempre problemas, cuando no se sancionan y se realizan los actos que supuestamente según el Estado de derecho chileno debieran realizarse, llevar a un juicio oportunamente y que esas personas, en virtud de las cuales existen pruebas para imputarla, sean sancionadas. Produce un problema en general para toda la sociedad, para la confianza en esta institución.
¿Por qué respecto de ciertos casos pareciera que la justicia avanzara más rápido? ¿Por qué respecto de ciertas víctimas la justicia pareciera que tiene una mirada en la cual estas víctimas quedan abandonadas?
Hoy día lo que hemos observado es que todos los imputados, en este caso, son miembros de Carabineros de Chile, todos de inteligencia por estos hechos en contra de mis representados, de acusarlos, de generar pruebas, de generar relatos, mensajes que indicaban que presuntamente estas personas estaban cometiendo delito y que finalmente se les lleva a un juicio transcurrido todo este tiempo sin que haya haya existido ninguna sanción. Evidentemente, ¿cuál es el mensaje que eso deja a la sociedad? Es la impunidad de esos actos, que se pueden realizar ese tipo de actos sin que sean sancionados.
Es posible que sigamos con esta confianza hacia la institución si se comprueba que miembros de una institución tan importante como Carabineros realiza este tipo de actos en contra de no cualquier persona, sino que todos miembros de un pueblo, todos miembros del pueblo mapuche, todos dirigentes de distintos territorios desde Arauco hasta Cautín, de distintas comunidades, la mayoría personas públicas.
Hay un mensaje político detrás desgraciadamente dentro de un conflicto que existe y que todos sabemos que no se ha resuelto, por algo existe todavía instancias públicas como la Comisión para la Paz en este caso que busca solucionar este largo problema existente entre el pueblo Mapuche y el Estado Chileno, pero en este caso en específico quiénes eran encargados de proteger a las víctimas y de sancionar oportunamente no lo han hecho.
Por lo cual, se va a un juicio donde se entra de manera amarga en el sentido de que ya no se cubrió ni se logró la justicia que debiera haber sido en el momento oportuno, 7 años después una justicia tardía no genera la sensación de justicia como lo hubiera sido en el momento que la ley así lo prescribe.

– ¿Qué esperan de este proceso?
Ellos no están solicitando derechos que no estén reconocidos en la norma, pero aún así existe un ensañamiento, ya que desgraciadamente el Poder Judicial y el Ministerio Público, las policías, se han hecho parte de un problema que es más bien político ya suscitado históricamente entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche. Y la institucionalidad judicial, en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Carabineros, se han hecho parte de esto generando causas donde se acusa a personas al boleo, no porque existan pruebas respecto de ellos, porque esta persona hay prueba de que quemó ese camión, sino que porque son personas que son representantes vigentes de sus comunidades, porque son visibilizados y eso es lo grave, porque uno no puede responder por sus ideas o por lo que propugne.
Es decir, hubo una persecución a un pensamiento y fue tal la persecución y la presión por generar resultados eficaces respecto a los incendios de camiones, que existieron en ese momento, que se decidió falsificar pruebas. Y respecto de eso, se generó una asociación entre ciertas personas en específico para generar esta falsificación de prueba a través de un instrumento falso como era el “Antorcha” y acusar para dar también una señal política y eso es lo más grave, mal utilizar la institucionalidad.
Y eso es lo que hoy día se está en juego en este juicio, si podemos o no seguir confiando en la institucionalidad chilena. Si quienes están hoy día presos, mapuches, más de 100 presos en las distintas cárceles, ¿Qué tipo de prueba fue la que lo condenó? Aquí hay pruebas de que la institucionalidad ha generado falsamente instrumentos públicos para acusar a miembros de las comunidades mapuche, porque desgraciadamente no hay y no se ha generado un espacio político donde se responda respecto de las atrocidades que vivió el pueblo mapuche y del despojo que luego se genera. Por eso, en la realización de este juicio no se juega cualquier cosa, sino que se juega también el examen del Estado de Derecho del estado chileno en particular y el funcionamiento de sus instituciones.

– ¿Qué dice de nuestro Estado si las instituciones permitieron que este caso ocurriera?
Lo que dice es que podemos generar un caos social si efectivamente quienes nos exigen a todos los ciudadanos que somos parte de un Estado, para mantener una convivencia decente, para mantener la paz social, el orden social, respetar ciertas normas y todos lo hacemos, pero quienes no lo hacen son funcionarios públicos y toman en consideración la ideología, la raza de otra persona para acosarlo, porque nosotros tenemos el convencimiento de que estas personas, miembros de Carabineros, lo hicieron porque estas otras personas eran mapuche.
Y, por esa razón, por ser mapuche y tener una ideología para quiénes ellos son subversivos, porque ese es el epíteto que usan para referirse a quiénes son dirigentes del pueblo mapuche, “personas subversivas”. Entonces, hay un tema ideológico detrás que hizo que persiguieran a nuestros representados.
No es cualquier mapuche, sino aquellos que levantan un discurso y eso habla muy mal de nuestro Estado, más de un Estado que se dice respetuoso con los derechos de los pueblos originarios, que ha aprobado los distintos tratados también de derechos humanos a nivel internacional y que a nivel internacional se supone debiéramos tener o mostramos al menos una realidad pacífica respecto de la relación que existe con el pueblo mapuche, pero que con ciertos mapuches en específico, el Estado se ha ensañado, se está ensañando, no se ha hecho cargo del daño continuo que ha generado acusando incluso en su momento a niños de terrorista, como fue lo que sucedió en el caso Huracán, puesto que la liberación incluía niños y mujeres, y en ese caso fue el Ministerio Público quienes decidieron no formalizar.
Ciertamente, Carabineros, los pensadores de esta persecución, para ellos todos quienes son parte de estas comunidades son subversivos y son perseguibles y son blancos, y desgraciadamente eso nos genera una muy mala posición respecto del respeto a los derechos humanos, de quiénes piensan distintos, de quiénes tienen un origen, una raza distinta como este caso es el pueblo nación mapuche.

Por Barbara Paillal
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Las comunidades denuncian que estos actos violan los derechos humanos y los tratados internacionales, como las «100 Reglas de Brasilia», que garantizan el acceso a la justicia para mujeres, niños, niñas y ancianos.

Repudio internacional por allanamientos a comunidades Mapuche Tehuelche en Chubut

El Gobierno argentino enfrenta repudio internacional por allanamientos violentos y represión contra comunidades Mapuche-Tehuelche en Chubut, Puelmapu, Argentina. Las comunidades Mapuche-Tehuelche de la provincia de Chubut, Argentina, han denunciado una serie de allanamientos violentos ocurridos el 11 de febrero de 2025, ejecutados con «brutalidad desmedida» por fuerzas represivas del Estado. Estos operativos, ordenados por el juez Jorge Criado y el fiscal Carlos Cavallo, afectaron a varias comunidades, incluyendo Lof Cañiu, Lof Catriman Colihueque, Lof Nahuelpan y Pillan Mahuiza, así como a una familia mapuche en Maitén.
Según un comunicado, los allanamientos se llevaron a cabo «como en los peores tiempos de la dictadura militar», con destrucción de propiedades, confiscación de libros y violencia extrema hacia los miembros de las comunidades. Se reportó un «ensañamiento de violencia hacia ancianos», incluyendo el caso de un hombre mayor de 80 años golpeado frente a sus nietos.
Las comunidades denuncian que estos actos violan los derechos humanos y los tratados internacionales, como las «100 Reglas de Brasilia», que garantizan el acceso a la justicia para mujeres, niños, niñas y ancianos. Además, critican la falta de intervención de la Secretaría de Niñez de Chubut y la «criminalización sistemática» hacia los pueblos indígenas.
Uno de los casos más graves es el de Victoria Dolores Fernández Núñez, detenida injustamente y acusada de incendio, una acusación que las comunidades califican como «falaz mentira desde el poder». Fernández Núñez, quien promueve el «Buen Vivir» en la Lof Pillan Mahuiza. Las comunidades exigen su «inmediata liberación» y denuncian que la persecución es parte de una estrategia para «disciplinar a las comunidades que luchan por sus derechos».
El comunicado también responsabiliza al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por anunciar un «desalojo exprés» de la comunidad Pillan Mahuiza, lo que consideran una violación de los tratados internacionales de derechos indígenas. Asimismo, acusan al gobierno de Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich de fomentar el «odio y racismo» hacia los pueblos originarios, y denuncian que se «plantaron armas» en una casa vacía de Pillan Mahuiza para justificar la represión.
A nivel internacional, organizaciones como Survival han activado una alerta urgente, exigiendo el cese inmediato de los allanamientos y la liberación de Fernández Núñez. Desde Chile, un centenar de organizaciones repudiaron la represión y exigieron desmilitarización del Wallmapu, retiro de fuerzas represivas y expulsión de empresas forestales y extractivistas.
En comunicado público del 17 de febrero de 2025, un centenar de organizaciones convocadas por el Espacio Día a Día por Julia Chuñil (Chile), expresaron su solidaridad con los pueblos Mapuche y Tehuelche, denunciando que estas medidas represivas responden a una estrategia mayor promovida por el capital extractivista y el colonialismo contemporáneo. Rechazaron la aplicación de la ley antiterrorista y la militarización del Wallmapu como herramientas de opresión.
“Denunciamos que estas medidas represivas, basadas en la criminalización de las luchas y la militarización territorial, no solo afectan a las comunidades directamente involucradas, sino que responden a una estrategia mayor promovida por el capital extractivista y el colonialismo contemporáneo. Su propósito central es la explotación de los bienes naturales a expensas de la destrucción de los territorios ancestrales”, señalan en el comunicado.

Manu Chao: SOS por la Patagonia y solidaridad con el Pueblo Mapuche

El reconocido artista Manu Chao alzó su voz con un llamado urgente, denunciando la devastación ambiental en la Patagonia y solidarizándose con el Pueblo Mapuche. A través de sus redes sociales, criticó la falta de prevención y la infraestructura inadecuada para combatir los incendios, que han consumido más de 40,000 hectáreas de bosques andinos.
Señaló: “Miles y miles de hectáreas devastadas en la Patagonia Argentina, y la historia se repite también en otras regiones (…) Falta de prevención, infraestructura inadecuada y con brigadistas insuficientes, el fuego avanza sin control a pesar de la resistencia y solidaridad de la población”.
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Además, el músico mostró su apoyo al Pueblo Mapuche, compartiendo un video musical en colaboración con artistas como Sara Curruchich y Matu Matiok. “Desde Guatemala, apoyo al Pueblo Mapuche en estos días de incendios en la Patagonia. ¡Estamos junt@s!”, expresó.
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Los incendios en la Patagonia no solo representan una catástrofe ambiental, sino que también han generado tensiones políticas. El gobierno de Milei ha sido criticado por su lenta respuesta y por reducir el presupuesto para el manejo del fuego, mientras que la ministra Bullrich ha acusado a organizaciones mapuche de provocar los incendios, derivando en allanamientos violentos y detenciones injustas, acusada de instalar “un enemigo interno” y desviar la atención de las razones de fondo en los incendios de la Patagonia.
Las comunidades Mapuche-Tehuelche hacen un llamado urgente a la solidaridad internacional y al acompañamiento en la exigencia de justicia, denunciando un sistema de despojo y violencia que vulnera sus derechos fundamentales.

Por: Equipo Comunicaciones Mapuche

Las críticas, principalmente, se concentran sobre una disposición que otorga mayores atribuciones para que la Fiscalía. Desde la organización sostienen que “no se consideran otros delitos graves, especialmente, aquellos referidos a violaciones de derechos humanos”, tales como la tortura. “La ley no puede dar lugar a espacios de impunidad“

Más consensos que diferencias suscita en el Gobierno, el oficialismo y la oposición la nueva Ley Antiterrorista que se encuentra en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, expertos en la comisión de Seguridad Ciudadana acusan que aún persisten imprecisiones e incluso advierten vulneraciones a los derechos fundamentales.
Parte de las invitaciones cursadas las recibió el Ministerio Público. En sede judicial, se celebró el intento de subsanar subjetividades en los tipos penales para evitar que la ley sea ineficaz en la práctica, como sucede con la ley que rige actualmente (N°18.314).
Fue el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien tuvo un análisis más crítico y señaló que existen elementos que darían pie a amplias interpretaciones de la ley. Por ejemplo, en el apartado de finalidades que tendría un acto o asociación terrorista, donde se incluye el objetivo de “desmoralizar o someter a la población civil y el generar un temor generalizado”.
Garrido desestimó así un “avance tan significativo” respecto a la actual ley: “Sería interesante, en consonancia con lo que contemplan legislaciones como la española, incluir otras finalidades como la de grave alteración del orden público o alteración de la paz que son expresiones más conocidas en términos de su utilización, a propósito de otros tipos penales como Ley de Seguridad del Estado o bien los delitos asociados a la alteración del orden público”.
También, el fiscal de la Novena Región depositó reparos en la denominación de “asociación terrorista”, pues en su experiencia “no existen grandes organizaciones, de tal manera que la redacción que se propone, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a la necesidad de acreditar una acción sostenida en el tiempo, da la impresión de que este tipo de organizaciones y asociaciones que solo cometen un atentado o bien tienen una duración muy restringida, algo muy accidental, no cabrían dentro del concepto de asociación terrorista”.
Similar valoración y reproches genera la iniciativa en el mundo de los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional Chile se planteó una “paradoja”.
El director ejecutivo de la organización, Rodrigo Bustos, afirmó que “está muy claro en nuestro ordenamiento jurídico que el sancionar, prevenir, el terrorismo constituye un imperativo jurídico insoslayable, al mismo tiempo algo que han planteado los órganos de derechos humanos y tratados de derechos humanos, que han sido suscritos por nuestro país y se encuentran vigentes, es también la necesidad de respetar los derechos fundamentales al momento de realizar investigaciones o sanciones en acciones que pudieran ser terroristas”.
Las críticas, principalmente, se concentran sobre una disposición que otorga mayores atribuciones para que la Fiscalía pueda solicitar a jueces intervenir en redes de servicios de telefonía o datos móviles.
Para Belén Bravo, coordinadora jurídica de la organización, “esta es una norma que está redactada en términos bastante amplios y que podría entonces vulnerar el derecho a la privacidad que está consagrado no solamente en nuestra Constitución, sino que también en la Convención Americana de Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que busca proteger la vida frente a injerencias ilegales o arbitrarias en su vida privada por parte del Estado o de los agentes”.
“¿Qué es lo que recomendamos? Primero, en términos generales, que las técnicas especiales de investigación se redacten conforme a lo que establece el Comité de Derechos Humanos y, en términos específicos, que se delimiten los casos en los cuales se puede aplicar esta intervención porque, tal como está redactado hoy en día, la norma puede que cualquier persona pueda ser objeto de esta medida, incluso que no sea objeto de la investigación”, advirtió.
La coordinadora jurídica además afirmó que todavía subsisten definiciones “imprecisas” que deberían ser corregidas para ajustarse al principio de legalidad, por ejemplo, al no delimitar el requisito de “acción sostenida en el tiempo” o al dar pie a la incertidumbre respecto a la interpretación en la finalidad de “socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático”.
Por último, también depositan las alertas sobre la figura del “sobreseimiento definitivo” al individuo que revele información clave en relación a actos terroristas, pues quedarían exentos de esta regla solo quienes estén siendo investigados por delitos que “por su gravedad, no debería aplicárseles la institución procesal penal del sobreseimiento”.
Desde la organización sostienen que “queda abierto el cuestionamiento a que no se consideren otros delitos graves, especialmente, aquellos referidos a violaciones de derechos humanos”, tales como la tortura. “La ley no puede dar lugar a espacios de impunidad“, zanjaron.
Por: Bárbara Paillal
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El exdiputado René Saffirio, cuestionó la tesis planteada por la ministra Tohá al sugerir que sus dichos responden al interés de la ministra por crecer en las encuestas de cara a la presidencial. “Las palabras de Carolina Tohá estigmatizan a nuestra región y no permite avanzar en acuerdos desde Comisión para la Paz y el Entendimiento. Si tiene antecedentes debe dar cuenta al Ministerio Público”

La frase de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), que ligó la intencionalidad de los incendios en La Araucanía con “causas de disputas por tierra” generó un intenso malestar en varias autoridades en la zona que acusaron que se estaba vinculando y estigmatizando a priori a sectores mapuche.
Los incendios llevaron al Presidente Gabriel Boric a abrazar la tesis de la intencionalidad y a decretar, el sábado, toque de queda en La Araucanía. Con ese telón de fondo, el lunes la titular del Interior -y quien asoma como carta presidencial en el oficialismo- afirmó en Cooperativa: “¿Qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación, a veces la intencionalidad en esa zona en especial, está ligada a causas de disputas por tierra”.
En esa línea, agregó que “entonces no podemos dar por anticipado la conclusión de a qué nos va a llevar la investigación, pero bueno, es altamente probable en la zona, que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”.
Una de las primeras en salir a responderle fue la diputada de La Araucanía, y representante del mundo mapuche, Ericka Ñanco (FA).
La frenteamplista abordó el tema a través de sus redes sociales donde dijo: “Irresponsable es adjudicar el origen de los incendios forestales a la reivindicación territorial mapuche en la región de La Araucanía. Si existen antecedentes que comprueban un delito, deben ser entregados al Ministerio Público y esperar que las investigaciones avancen. Lucrar políticamente con las tragedias, nada ayudan al clima de paz y confianza que busca generar el gobierno”.
En Radio Universidad de Chile, la también diputada mapuche, Emilia Nuyado (PS), afirmó que “son muchos los factores que han generado incendios. (...) Lo único que se logra con estas declaraciones es ahondar más las desconfianzas y más difícil va a ser generar el entendimiento y la paz en el territorio”.
Tanto Ñanco como Nuyado hacen referencia a la Comisión por la Paz y el Entendimiento que impulsó el gobierno de Boric para buscar una solución a las demandas indígenas que se han levantado históricamente en la zona. La instancia ha estirado en más de una ocasión el plazo para entregar su propuesta al Mandatario. De hecho, estipuló el mes de abril como nueva fecha para la entrega del documento.
Si bien no es formalmente parte del oficialismo, el gobernador electo en La Araucanía -con apoyo de la coalición gobernante-, René Saffirio, este lunes también cuestionó la tesis planteada por la ministra Tohá y fue más allá al sugerir que sus dichos responden al interés de la ministra por crecer en las encuestas de cara a la presidencial.
“Lamento que una situación tan lamentable se pueda utilizar para fines electorales. Las palabras de Carolina Tohá estigmatizan a nuestra región y no permite avanzar en acuerdos desde Comisión para la Paz y el Entendimiento. Si tiene antecedentes debe dar cuenta al Ministerio Público”, posteó el exdiputado.
En medio de una actividad en la piscina Tupahue del Cerro San Cristóbal, la ministra Tohá volvió a abordar este martes la crisis de los incendios en el sur. En su nueva intervención, salió al paso de los cuestionamientos que surgieron en su contra tras vincular los siniestros a una reivindicación territorial.
“En Chile, la experiencia nos ha mostrado que hay veces en que inician los incendios por intencionalidad y esa intencionalidad tiene distintas causas”, respondió la ministra, agregando que dentro de esas variables se ha encontrado que a veces se ocasionan incendios para “ganar plata, así de brutal”, “rencillas”, “conflictos” o “por reivindicación y a veces por gusto, hay personas que tienen gusto con el fuego”.
“No se está estigmatizando a nadie, se está buscando asumir la triste complejidad de cómo funciona la intencionalidad. (...) Nos hemos caracterizado por dar la lucha en seguridad, aunque eso implique enfrentarnos a quien sea, aunque muchas veces signifique decir cosas impopulares o inconvenientes, pero que son necesarias”, agregó Tohá, respondiendo a la idea de Saffirio de que sus dichos obedecen a cálculos electorales.
Luego salieron distintos personeros del PPD a blindar a la principal figura que tienen dentro de sus filas. El senador, timonel de la colectividad y representante de La Araucanía, Jaime Quintana, afirmó a La Tercera que “normalmente la ministra Tohá habla con datos, este caso no ha sido la excepción. Lamentablemente ha habido intencionalidad y, por lo mismo, hay detenidos. Lo recomendable en materia de emergencias es siempre evitar las polémicas innecesarias y respetar el mando único, que en este caso es el gobierno central, específicamente Interior”.
El exministro Sergio Bitar también blindó a Tohá y le respondió directamente a Saffirio: “Gobernador, entiendo que usted pida no acusar a nadie por el fuego en su región, cosa que la ministra no ha hecho, tampoco debiera atribuirle a ella fines electorales cuando está demostrado que hay incendios intencionales. Mejor ayudarse y colaborar”.
Otro que respaldó a Tohá fue el exdelegado regional presidencial de la zona, José Montalva, quien renunció al cargo en 2024 para así competir por un escaño en el Congreso en representación del PPD. “Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público en La Araucanía han revelado que existe intencionalidad detrás de muchos incendios, lo que hace fundamental que haya patrullajes preventivos incluyendo el Ejército”.
La tesis de la intencionalidad en los incendios de La Araucanía ha sido respaldada hasta ahora por el ministerio Público.
El fiscal regional Roberto Garrido indicó que desde noviembre de 2024 trabajan con la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales y la Unidad de Análisis Criminal de la PDI, equipos que se abocan a las indagatorias que se relacionan con los incendios que tienen lugar el periodo estival.
“En este contexto, el trabajo realizado por la Fiscalía de La Araucanía y la Policía de Investigaciones ha permitido obtener antecedentes de la participación de al menos 27 personas en los diferentes delitos de incendio que se han denunciado durante este periodo”, indicó el persecutor.
Este martes el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dijo que esta idea era “evidente”.
Para formarse la tesis en Palacio han tenido a la vista distintas evaluaciones. Por ejemplo, la directora de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aída Baldini, indicó que aviones de las Fuerzas Armadas divisaron a través de cámaras nocturnas cómo personas iban prendiendo fuego en la noche en distintos sectores de Collipulli.
“Esos aviones que tenemos de observación nos van indicando claramente que hay intencionalidad, y eso se ve. A las dos de la mañana no puede ser que se prenda un bosque en cinco partes distintas cuando sabemos que no anda la gente haciendo un pícnic debajo de un bosque en la lejanía de las ciudades”, sentenció.
Además de que a la hora que comenzaron los focos había toque de queda, otro de los puntos que llama la atención de las autoridades es que el fuego comenzó casi de manera simultánea en seis puntos, los cuales están distribuidos en línea recta, a solo 25 kilómetros de distancia de la ciudad.
El comandante Orlando Pacheco, de la Primera Compañía de Bomberos de Collipulli -donde hoy se han presentado la mayor cantidad de focos incendiarios- sostuvo que “claramente aquí hay una intencionalidad, no lo podríamos negar... Nosotros sabemos que con estos vientos y con todos estos temas climáticos se pueden propagar incendios por pavesas, pero acá hay puntos que no debieron haberse prendido”.

Por: David Tralma
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