La abogada querellante del caso Huracán, Karina Riquelme, explicó que el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Carabineros, han generado causas donde se acusa a personas al boleo

Casi ocho años han pasado desde la Operación Huracán, un escándalo de montaje policial que remeció al país. En 2017 y bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros de Chile detuvo a ocho comuneros del pueblo Mapuche acusados de ser miembros de una asociación ilícita terrorista y de pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu (WAM).

En 2018, el Ministerio Público -ya a cargo de la investigación- detectó una serie de irregularidades en las pruebas, como mensajes telefónicos falsos. Por ese hecho, se removieron de sus cargos, el general de Inteligencia, Gonzalo Blu, dos oficiales, el mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses, y el asesor informático, Alex Smith, a quiénes hoy se les acusa de falsificar instrumento público, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, entre otras.
Para este pasado jueves estaba proyectado el comienzo del juicio oral contra 11 exautoridades policiales, pero nuevamente la audiencia fue aplazada ya que la defensa del ex jefe de Inteligencia solicitó la inhabilidad del juez, José Ignacio Rau. Cabe destacar que el proceso contempla casi 100 audiencias, más de 200 testigos y miles de pruebas.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada querellante del caso Huracán, Karina Riquelme, explicó que este caso ha sido largo y extenso “debido a las solicitudes de defensores desde el día uno, o sea, el defensor de uno de los acusados por asociación ilícita, Patricio Marín Lazo, el primer día no llegó a la formalización y desde ahí en adelante siempre hubieron distintas solicitudes de suspensión que han hecho que, además, todos los imputados hoy día abonen tiempo en el caso de que resulten ser condenados”.
“Es decir, en el caso de que salgan condenados, tiene que saber la sociedad que se les va a abonar 7 años de los cuales ellos estuvieron la mayor parte de ese tiempo en su domicilio”, cuestionó.

– ¿Por qué eso se ha permitido?
Los tribunales en particular han sido los que han dejado que esto suceda. Generalmente la necesidad de un acceso a la justicia en un tiempo adecuado es parte de la reparación que cualquier víctima se merece respecto de un hecho grave, acontecido.
Estamos hablando de delitos que atentan contra la fe pública, contra la confianza en la institucionalidad, donde lo central es el Estado de Derecho y nos parece a nosotros, a las víctimas, y a mí como representante de las víctimas, que son los tribunales los que de una u otra manera han dejado que esto suceda y que hayan transcurrido siete años desde que los hechos acontecieron, sin que absolutamente nadie esté sancionado por la realización de estos actos tan graves como son inocular pruebas para acusar falsamente a cualquier persona.

– ¿Cuál es el mensaje que deja el inicio del juicio oral a casi ochos años del caso?
La impunidad genera siempre problemas, cuando no se sancionan y se realizan los actos que supuestamente según el Estado de derecho chileno debieran realizarse, llevar a un juicio oportunamente y que esas personas, en virtud de las cuales existen pruebas para imputarla, sean sancionadas. Produce un problema en general para toda la sociedad, para la confianza en esta institución.
¿Por qué respecto de ciertos casos pareciera que la justicia avanzara más rápido? ¿Por qué respecto de ciertas víctimas la justicia pareciera que tiene una mirada en la cual estas víctimas quedan abandonadas?
Hoy día lo que hemos observado es que todos los imputados, en este caso, son miembros de Carabineros de Chile, todos de inteligencia por estos hechos en contra de mis representados, de acusarlos, de generar pruebas, de generar relatos, mensajes que indicaban que presuntamente estas personas estaban cometiendo delito y que finalmente se les lleva a un juicio transcurrido todo este tiempo sin que haya haya existido ninguna sanción. Evidentemente, ¿cuál es el mensaje que eso deja a la sociedad? Es la impunidad de esos actos, que se pueden realizar ese tipo de actos sin que sean sancionados.
Es posible que sigamos con esta confianza hacia la institución si se comprueba que miembros de una institución tan importante como Carabineros realiza este tipo de actos en contra de no cualquier persona, sino que todos miembros de un pueblo, todos miembros del pueblo mapuche, todos dirigentes de distintos territorios desde Arauco hasta Cautín, de distintas comunidades, la mayoría personas públicas.
Hay un mensaje político detrás desgraciadamente dentro de un conflicto que existe y que todos sabemos que no se ha resuelto, por algo existe todavía instancias públicas como la Comisión para la Paz en este caso que busca solucionar este largo problema existente entre el pueblo Mapuche y el Estado Chileno, pero en este caso en específico quiénes eran encargados de proteger a las víctimas y de sancionar oportunamente no lo han hecho.
Por lo cual, se va a un juicio donde se entra de manera amarga en el sentido de que ya no se cubrió ni se logró la justicia que debiera haber sido en el momento oportuno, 7 años después una justicia tardía no genera la sensación de justicia como lo hubiera sido en el momento que la ley así lo prescribe.

– ¿Qué esperan de este proceso?
Ellos no están solicitando derechos que no estén reconocidos en la norma, pero aún así existe un ensañamiento, ya que desgraciadamente el Poder Judicial y el Ministerio Público, las policías, se han hecho parte de un problema que es más bien político ya suscitado históricamente entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche. Y la institucionalidad judicial, en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Carabineros, se han hecho parte de esto generando causas donde se acusa a personas al boleo, no porque existan pruebas respecto de ellos, porque esta persona hay prueba de que quemó ese camión, sino que porque son personas que son representantes vigentes de sus comunidades, porque son visibilizados y eso es lo grave, porque uno no puede responder por sus ideas o por lo que propugne.
Es decir, hubo una persecución a un pensamiento y fue tal la persecución y la presión por generar resultados eficaces respecto a los incendios de camiones, que existieron en ese momento, que se decidió falsificar pruebas. Y respecto de eso, se generó una asociación entre ciertas personas en específico para generar esta falsificación de prueba a través de un instrumento falso como era el “Antorcha” y acusar para dar también una señal política y eso es lo más grave, mal utilizar la institucionalidad.
Y eso es lo que hoy día se está en juego en este juicio, si podemos o no seguir confiando en la institucionalidad chilena. Si quienes están hoy día presos, mapuches, más de 100 presos en las distintas cárceles, ¿Qué tipo de prueba fue la que lo condenó? Aquí hay pruebas de que la institucionalidad ha generado falsamente instrumentos públicos para acusar a miembros de las comunidades mapuche, porque desgraciadamente no hay y no se ha generado un espacio político donde se responda respecto de las atrocidades que vivió el pueblo mapuche y del despojo que luego se genera. Por eso, en la realización de este juicio no se juega cualquier cosa, sino que se juega también el examen del Estado de Derecho del estado chileno en particular y el funcionamiento de sus instituciones.

– ¿Qué dice de nuestro Estado si las instituciones permitieron que este caso ocurriera?
Lo que dice es que podemos generar un caos social si efectivamente quienes nos exigen a todos los ciudadanos que somos parte de un Estado, para mantener una convivencia decente, para mantener la paz social, el orden social, respetar ciertas normas y todos lo hacemos, pero quienes no lo hacen son funcionarios públicos y toman en consideración la ideología, la raza de otra persona para acosarlo, porque nosotros tenemos el convencimiento de que estas personas, miembros de Carabineros, lo hicieron porque estas otras personas eran mapuche.
Y, por esa razón, por ser mapuche y tener una ideología para quiénes ellos son subversivos, porque ese es el epíteto que usan para referirse a quiénes son dirigentes del pueblo mapuche, “personas subversivas”. Entonces, hay un tema ideológico detrás que hizo que persiguieran a nuestros representados.
No es cualquier mapuche, sino aquellos que levantan un discurso y eso habla muy mal de nuestro Estado, más de un Estado que se dice respetuoso con los derechos de los pueblos originarios, que ha aprobado los distintos tratados también de derechos humanos a nivel internacional y que a nivel internacional se supone debiéramos tener o mostramos al menos una realidad pacífica respecto de la relación que existe con el pueblo mapuche, pero que con ciertos mapuches en específico, el Estado se ha ensañado, se está ensañando, no se ha hecho cargo del daño continuo que ha generado acusando incluso en su momento a niños de terrorista, como fue lo que sucedió en el caso Huracán, puesto que la liberación incluía niños y mujeres, y en ese caso fue el Ministerio Público quienes decidieron no formalizar.
Ciertamente, Carabineros, los pensadores de esta persecución, para ellos todos quienes son parte de estas comunidades son subversivos y son perseguibles y son blancos, y desgraciadamente eso nos genera una muy mala posición respecto del respeto a los derechos humanos, de quiénes piensan distintos, de quiénes tienen un origen, una raza distinta como este caso es el pueblo nación mapuche.

Por Barbara Paillal
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