Desde el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas hasta la creación de múltiples organismos nuevos, el borrador incluye promesas difíciles de financiar y expectativas que –de no cumplirse– podrían profundizar el conflicto en vez de resolverlo

El hermetismo con que ha trabajado la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento ha generado inquietud en distintos sectores políticos y también en el mundo indígena. A seis días para que se cumpla el plazo aún no hay noticias de que exista un texto consensuado para entregar al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, El Líbero tuvo acceso a un borrador del 8 de abril con las propuestas que estarían sobre la mesa y que aún deben votarse para dar el salto del proyecto al informe definitivo. Desde el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas hasta la creación de múltiples organismos nuevos, el borrador incluye promesas difíciles de financiar y expectativas que –de no cumplirse– podrían profundizar el conflicto en vez de resolverlo.
El documento menciona el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su autogobernanza, creación de al menos nueve nuevas instituciones y un fondo de tierras de 4.000 millones de dólares.
La Comisión para la Paz se creó en junio de 2023 para «construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos» y contó con el respaldo de los 19 partidos con representación parlamentaria. La integran ocho comisionados, encabezados por el senador DC Francisco Huenchumilla y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De sus acuerdos, que deben ser tomados por unanimidad, se sabe poco o nada; ya que sus integrantes han insistido fuera de micrófono en que su documento final será público cuando exista un texto definitivo que sea entregado al presidente y a los partidos políticos. Insisten en que esos acuerdos aún se están cerrando y que para la entrega tienen hasta el 30 de abril.
Extraoficialmente El Líbero conoció que una propuesta final podría votarse entre el viernes 25 y el lunes 28 de abril.
Y si bien no hay información oficial sobre los aspectos que en definitiva llegarán al texto que se entregará a Boric, lo que ha trascendido mantiene en alerta, por ejemplo, a representantes del Partido Republicano, quienes ven en ese borrador el resurgimiento de distintos aspectos que se rechazaron en 2022 en la propuesta constitucional de la Convención.

Reconocimiento constitucional y nueva institucionalidad

El borrador del 8 de abril propone establecer constitucionalmente la existencia de pueblos indígenas “precolombinos” o “preexistentes” al Estado. Pasando de 10 a 11 pueblos: mapuche, aymara, atacameño, quechua, rapa nui, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selknam.
Álvaro García Linera, y la plurinacionalidad: “La tesis de que aquí los pueblos estaban antes que las naciones republicanas, por lo tanto, no había esta división geográfica existente hoy día, sino que los pueblos eran trans-país”.
El documento que ha trascendido se centra en el pueblo mapuche y en las cuatro regiones de la Macrozona Sur que están en conflicto (Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos).
Sobre los mapuche señalan que “se propone que haya concordancia en el principio de autogobernanza en sus asuntos internos” y además pueden adoptar su forma de organización interna.
Asimismo, se reconoce el Convenio 169 de la OIT con rango constitucional, y se plantea el principio de interculturalidad como eje de la diversidad cultural del país.
En el borrador se recomienda la representación del pueblo mapuche ante el Estado facilitando su diálogo y relacionamiento. La ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias.
Además, a lo largo del borrador se propone la creación de múltiples instituciones, entre ellas:

• Un tribunal de tierras compuesto por tres jueces mapuche y tres no mapuche.
• Un instituto para el fortalecimiento de la lengua e historia mapuche para todos los habitantes del país y resignificación de la memoria colectiva, esto mediante convenios con universidades e instituciones públicas y privadas mediante este nuevo instituto dependiente del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio.
• Una oficina de implementación de todas las recomendaciones de la comisión.
• Una institución de asesoría legal y económica para comunidades indígenas.
• Recomendarían crear un órgano de alta jerarquía política, ya sea ministerio, subsecretaría u otro, que pueda diseñar, coordinar de manera efectiva una política desde el gobierno hacia los pueblos indígenas. A pesar de esto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) no sería eliminada, sino que se propone su fortalecimiento, modernización y que actúe más como un organismo técnico.

¿Y la tierra?

Originalmente, la Comisión iba a entregar su borrador en noviembre de 2024. Luego se fijó el 31 de enero como el plazo para que la instancia cumpliera con su mandato. Y, por último, el plazo se extendió hasta el 30 de abril. El principal asunto que los mantiene entrampados siempre ha sido el mismo: qué hacer con la política de restitución de tierras.
El documento menciona el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su autogobernanza, creación de al menos nueve nuevas instituciones y un fondo de tierras de 4.000 millones de dólares.
La Comisión para la Paz se creó en junio de 2023 para «construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos» y contó con el respaldo de los 19 partidos con representación parlamentaria. La integran ocho comisionados, encabezados por el senador DC Francisco Huenchumilla y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De sus acuerdos, que deben ser tomados por unanimidad, se sabe poco o nada; ya que sus integrantes han insistido fuera de micrófono en que su documento final será público cuando exista un texto definitivo que sea entregado al presidente y a los partidos políticos. Insisten en que esos acuerdos aún se están cerrando y que para la entrega tienen hasta el 30 de abril.
Y si bien no hay información oficial sobre los aspectos que en definitiva llegarán al texto que se entregará a Boric, lo que ha trascendido mantiene en alerta, por ejemplo, a representantes del Partido Republicano, quienes ven en ese borrador el resurgimiento de distintos aspectos que se rechazaron en 2022 en la propuesta constitucional de la Convención.
El borrador de la Comisión lo que dice sobre este punto es que se creará un fondo de tierra con 4.000 millones de dólares, para cumplir con 51.899 familias que hoy día están en espera.
Se consideran cuatro estatus de comunidades:

1. - las que hoy día ya tienen aplicabilidad y que están en la lista de espera por una compra de tierras;
2. - incluyen de manera automática a quienes están en proceso de obtener una aplicabilidad, pero aún no se les ha otorgado;
3. - incluyen a comunidades que están en zonas donde no hay título de merced; y
4. - también incluyen a comunidades que hoy día no están oficializadas, que no tienen personalidad jurídica, se abre un plazo para que puedan crear una comunidad y hacer una reclamación.

En los dos primeros casos esas comunidades que cuentan con títulos de merced pueden solicitar hasta tres restituciones.
También se fija un nuevo estatuto de protección de la tierra indígena. Actualmente, cuando Conadi le compra un campo a una comunidad esta tierra no puede ser enajenada, embargada, gravada, ni adquirida por prescripción. Además, al tratarse de una propiedad colectiva, cualquier decisión debe contar con la aprobación de 100% de los socios de la comunidad. Tampoco tienen acceso a la banca, ni se pueden asociar con empresarios, otras comunidades o entes públicos.

LAS PROPUESTAS

El borrador de la Comisión lo que dice sobre este punto es que se creará un fondo de tierra con 4.000 millones de dólares, para cumplir con 51.899 familias que hoy día están en espera.
Se consideran cuatro estatus de comunidades: 1.- las que hoy día ya tienen aplicabilidad y que están en la lista de espera por una compra de tierras; 2.- incluyen de manera automática a quienes están en proceso de obtener una aplicabilidad, pero aún no se les ha otorgado; 3.- incluyen a comunidades que están en zonas donde no hay título de merced; y 4.- también incluyen a comunidades que hoy día no están oficializadas, que no tienen personalidad jurídica, se abre un plazo para que puedan crear una comunidad y hacer una reclamación.
En los dos primeros casos esas comunidades que cuentan con títulos de merced pueden solicitar hasta tres restituciones.
También se fija un nuevo estatuto de protección de la tierra indígena. Actualmente, cuando Conadi le compra un campo a una comunidad esta tierra no puede ser enajenada, embargada, gravada, ni adquirida por prescripción. Además, al tratarse de una propiedad colectiva, cualquier decisión debe contar con la aprobación de 100% de los socios de la comunidad. Tampoco tienen acceso a la banca, ni se pueden asociar con empresarios, otras comunidades o entes públicos.
Ahora, lo que indica el borrador es que igualmente las tierras indígenas son inalienables por causa de interés nacional, pero permitirían contratos de arriendo por hasta 25 años, para ello crean un órgano técnico y autónomo cuya función va a ser prestar la asesoría legal y económica a las comunidades para que puedan celebrar contratos ya sea de usufructo, arrendamiento o contratos de mera tenencia de las comunidades con algún otro particular.
Además, dado que la tierra es inalienable y no se puede, por ejemplo, hipotecar para conseguir un crédito; se recomienda contemplar un mecanismo especial de garantía estatal para facilitar y estudiar además la factibilidad de un organismo autónomo de financiamiento del pueblo mapuche basado en la propiedad de la tierra indígena.
Otra propuesta sería establecer un fondo multidonante en conjunto con la Multipartner Trust Fund Office, MFTP Office, de Naciones Unidas para contribuir al financiamiento de las recomendaciones contenidas en el informe.
Y también recomendarían que el Estado pida perdón a los pueblos indígenas, especialmente al pueblo mapuche, por los abusos e injusticias históricas, y esto debería materializarse en un acto público con presencia de todos los poderes del Estado y representantes de todos los actores.

Para las víctimas de la violencia rural

En el borrador que mantiene en alerta a los sectores políticos también se menciona a las víctimas de atentados. El borrador habla de una ley de reparación de víctimas, en la cual estaría contemplada la creación de una comisión para poder llegar a un catastro de víctimas. En el documento que trascendió no se establece el número de víctimas, el monto a reparar, ni cuál será el mecanismo para hacerlo.
El texto también habla de una especie de comisión o de banco de tierra, donde quienes quieran vender sus tierras al Estado podrán inscribirse para hacerlo. Se trata de una instancia que estará adscrita al órgano de alto nivel jerárquico (ministerio o subsecretaría), y que va a trabajar de la mano con la agencia de reparación.

Por Emily Avendaño