Conflicto, paz y resolución

Robinson ha realizado investigaciones sobre Latinoamérica, en países como Colombia, Chile y Bolivia.

“Estoy un poco en shock honestamente, no lo esperaba”, dice James A. Robinson, uno de los economistas que ganó este lunes el premio Nobel de Economía, junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson.

Robinson y sus colegas recibieron el reconocimiento por sus estudios empíricos y teóricos que exploran las diferencias en la prosperidad de las naciones y su análisis sobre la desigualdad.
Profesor de Estudios de Conflictos Globales y director del Instituto Pearson para el Estudio y la Resolución de Conflictos Globales de la Universidad de Chicago, se ha destacado por sus influyentes investigaciones sobre la relación entre el poder político, las instituciones y la prosperidad.
El economista de 64 años ha desarrollado un interés particular en el estudio de África Subsahariana y América Latina.
Eso lo llevó a impartir cursos en la Universidad de los Andes en Bogotá entre 1994 y 2022 y a realizar trabajo de campo en países como Bolivia, Colombia y Haití, entre muchos otros. Junto a Daron Acemoglu, Robinson ha publicado aclamados libros como “Orígenes económicos de la dictadura y la democracia”, “Por qué fracasan las naciones: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”, y “El corredor angosto: Estados, sociedad y el destino de la libertad”.

Felicitaciones por el galardón. Usted lleva tres décadas investigando el tema de la desigualdad en la esfera económica, pero también la social y la política. ¿Cuál ha sido la principal contribución de sus investigaciones?

La mayor parte nuestro trabajo ha estado enfocado en tratar de entender la desigualdad, en intentar entender por qué el mundo está dividido entre países que son prósperos y otros que son pobres.
Nos hemos preguntado cómo surgió históricamente esta diferencia y cómo se ha mantenido pese a las enormes consecuencias en el bienestar humano. Ese ha sido el tema principal de nuestras investigaciones durante los últimos 30 años.
Específicamente hemos tratado de entender cómo las instituciones establecen las reglas que en diferentes sociedades influyen en la prosperidad y la pobreza.

Y en las últimas décadas, ¿ha mejorado la situación de desigualdad?, ¿hemos avanzado o seguimos estancados?

Hemos visto enormes mejoras en los niveles de pobreza en algunas partes del mundo, como por ejemplo China, pero no ha sido así en otras regiones como África Subsahariana y América Latina.
Y en países como Estados Unidos, vemos amenazas a la inclusión social y la prosperidad. Aún hay enormes desafíos para crear sociedades más inclusivas, prósperas y democráticas en el mundo.

Usted mencionaba Latinoamérica, ¿cuáles son los principales desafíos que actualmente enfrenta la región?

He trabajado mucho en Latinoamérica, en países como Colombia, Chile y Bolivia.
Me parece bastante apropiado que el premio se entregue en estos días en que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón y su encuentro con los pueblos indígenas latinoamericanos.
Nuestra investigación muestra que la pobreza y la desigualdad en América Latina están profundamente arraigadas en el colonialismo, la explotación de los indígenas y la existencia de la esclavitud.
Esas desigualdades se autorreproducen de muchas maneras en la actualidad. Latinoamérica tiene grandes problemas de inclusión, marginalización, explotación. Por eso es pobre y aún sigue tratando de encontrar una salida. Por otro lado, gran parte de nuestro trabajo analiza cómo Estados Unidos difiere históricamente de esos patrones.

¿Ha habido algún progreso en la región en relación a los temas de inclusión social?

Ha habido progreso en países como Chile en las últimas décadas, desde el colapso de la dictadura. Podemos pensar en Costa Rica o en países como Bolivia en el sentido del ascenso de los pueblos indígenas. Pero otras partes de Latinoamérica han ido en la dirección opuesta. Pensemos en países como Venezuela o Argentina, que siguen patrones complicados, o Nicaragua y la consolidación de una autocracia en el país.

¿Ve usted una gran amenaza a la democracia en Latinoamérica a partir de la profunda desigualdad que existe en la región? Hay encuestas que han revelado que la gente está dispuesta a sacrificar la democracia a favor de líderes considerados populistas

La democracia es un sistema bastante nuevo en América Latina. Piense en Centroamérica que solo desde la década de los 90 se ha logrado crear sistemas más democráticos.
Uno de los problemas es que a las personas en América Latina les hicieron muchas promesas sobre la democracia, les prometieron que sus problemas se acabarían, y obviamente eso no era verdad.
La democracia ha sido decepcionante en América Latina, la gente se desespera y busca otras soluciones. Es que toma tiempo crear instituciones democráticas que funcionen para cambiar la vida de la gente. Mire lo que está pasando en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Hay una razón que explica por qué la gente vota por él. Votan por él porque hay mucha inseguridad. Piense en el presidente Andrés Manuel López Obrador, son tiempos difíciles. Pero, por otro lado, se puede decir que hay una democracia genuina en México. Esa ha sido la decisión popular y debemos reconocer que toma tiempo para que la democracia funcione y cambie la vida de las personas. Colombia probablemente tuvo una de sus elecciones más democráticas cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder, pero no es fácil, hay muchos desafíos por delante.

Usted publicó hace más de una década el aclamado libro “Por qué fracasan las naciones”. ¿Qué ha cambiado en los últimos años desde que hicieron ese análisis?

Veo el mundo de la misma manera. Sin embargo, en el prólogo del libro hablábamos de la “Primavera Árabe” y su potencial para crear más inclusión en el Medio Oriente.
Pero hemos visto que eso fracasó completamente. Ese es un ejemplo interesante de lo difícil que es cambiar el mundo hacia la creación de instituciones más inclusivas.

Como usted dice, es muy difícil construir un mundo más inclusivo y reducir la desigualdad, ¿cuál es el mejor camino para avanzar hacia ese objetivo?

Se trata de construir instituciones políticas y económicas más inclusivas. Ese es el problema en América Latina, en África Subsahariana, en Estados Unidos, y en muchos otros lugares.
Aún hay muchos elementos de lo que llamamos instituciones extractivas, en vez de instituciones inclusivas.
En Estados Unidos persisten altos niveles de pobreza, un gran aumento en la desigualdad y una disminución en la movilidad social.
Yo vivo en Chicago y eso se ve todos los días. Entonces, se trata de incluir a la gente y darle oportunidades en la esfera política y económica.

Mirando los desafíos que nos trae este siglo a nivel global, ¿qué se viene?

La desigualdad lo desafía todo, desafía el contrato fundamental de las sociedades. Es muy difícil tener una sociedad culturalmente democrática cuando existen enormes niveles de desigualdad.

Fuente

La creación de redes transnacionales y el aprovechamiento del espacio que crearon las Naciones Unidas para el activismo indígena son algunas de las estrategias centrales del movimiento mapuche. En las últimas décadas surgieron activistas transnacionales que vienen tanto desde dentro de las comunidades como de los espacios urbanos o de la diáspora, en otros países, donde llaman la atención las violaciones de derechos humanos de los pueblos originarios.

Die Politik der Regierung führt zu Angst und Misstrauen“, erklärt Claudio Millacura, Professor an der Universidad de Chile in Santiago und selbst Mapuche. Das Wissen aller politischen Amtsträger*innen über die Mapuche sei voller Vorurteile und unglaublich rassistisch.

Im Umgang mit den indigenen Mapuche zeigt Chiles Regierung auch nach zwei Jahren keine neuen Lösungsansätze für alte Probleme
Einst versprach die linksreformistische Regierung Chiles unter Präsident Boric einen Neuanfang mit den indigenen Mapuche. Kurz nach Halbzeit der Regierungsperiode ist davon nicht mehr viel übrig: Statt Offenheit für die Forderungen der Gemeinschaften sind Repression und Gesetzesverschärfungen an der Tagesordnung. Auch die 2023 einberufene Kommission für Frieden und gegenseitiges Verständnis kommt nicht voran.
Mit einem hoffnungsvollen Blick sagt Gabriel Huenteman: „Ich möchte weiterhin daran glauben, dass die Verantwortlichen in der Regierung ernsthaft an der Lösung unserer Probleme interessiert sind.“ Huenteman ist Mapuche, seine Familie lebt inmitten der Anden an der Grenze zu Argentinien und kämpft seit Jahrzehnten um ihr Land.
Ungeklärte Landrechte, Landbesetzungen und durch Großgrundbesitzer*innen angeeignete Landflächen sind der Ursprung des Konflikts. Ein staatliches Programm zur Landverteilung kommt seit Jahrzehnten nur schleppend den Landforderungen der Mapuche nach. Viele Mapuche setzen daher auf Landbesetzungen und militante Formen des politischen Kampfs. Die im März 2022 angetretene linksreformistische Regierung unter Gabriel Boric weckte große Erwartungen bezüglich der Erfüllung ihrer historischen Forderungen. Kurz nach Halbzeit der Regierungsperiode schwindet für viele langsam die Hoffnung auf Fortschritte.
Der 33-jährige Huenteman beginnt zu erzählen, wie seine Familie seit Jahrzehnten um ihr traditionell genutztes Land kämpft, wie sein Großvater ein ehemaliges Oberhaupt der Gemeinschaft juristisch verfolgt wird und wie die ganze Familie im März dieses Jahres nach Santiago vor den Präsidentenpalast reiste, um die Regierung um Hilfe zu bitten. Dort wurden sie zwar von mehreren zuständigen Politiker*innen empfangen. „Wir haben die Sitzungen aber ohne klare Antworten verlassen“, berichtet Huenteman wenig optimistisch.
Der Landkonflikt seiner Familie ist typisch für die südliche Bergregion Chiles. Die Pehuenche, eine Untergruppe der Mapuche, leben als Halbnomaden in den Anden und lassen ihre Tiere auf den Bergflächen weiden. Huenteman erzählt, dass ihnen mit der militärischen Besetzung durch den chilenischen Staat Ende des 19. Jahrhunderts zwar ein kleines Grundstück zugewiesen wurde, doch die eigentliche Weidefläche nie rechtlich als ihr Eigentum eingetragen wurde.
Seit den 2000er Jahren beansprucht nun eine reiche Familie die Weidefläche der Familie Huenteman. Im Jahr 2002 wurde der Großvater Atilo Pereira zum ersten Mal wegen illegaler Landbesetzung verurteilt. Seitdem folgen Räumungsdrohungen durch die Polizei, die Rückkehr der Familie Huenteman auf das Weideland und erneute Anzeigen. Huenteman erklärt: „Zuletzt kam die Polizei im April 2024, aber da wir schon von der Sommerweide zurück ins Tal gegangen waren, zogen sie ohne Vollstreckung der Räumung fort und erklärten das Land für unbesetzt.“
Seit spätestens 2003 erkennt der chilenische Staat offiziell eine historische Schuld des Landraubs an den Indigenen an. Der Bericht zur „historischen Wahrheit und einem neuen Umgang“, den der damalige Mitte-links-Präsident Ricardo Lagos in Auftrag gab, spricht von 6,4 Prozent der ehemaligen Ländereien, die den Mapuche nach der Eroberung zugestanden wurde, meist in Hügeln und auf eher unfruchtbarem Land. Und selbst von diesen Ländereien wurden die Mapuche teilweise danach vertrieben: durch die Verschiebung von Grenzmarkierungen, Betrug und Eintreibung von Schulden.
Mit dem Bericht von 2003 wurde auch die Nationale Kooperation für indigene Entwicklung (CONADI) eingesetzt, die fortan Ländereien kaufen und an Indigene zurückgeben soll. Doch der Prozess geht nur schleppend voran. Laut Informationen der CONADI erhielten bis zum Jahr 2023 nur 807 indigene Gemeinschaften Ländereien zurück – ein Bruchteil der offiziell 235.000 indigenen Mapuche-Gemeinschaften und knapp 3.000 überreichten Besitztitel. Bis heute ist unklar, wie viele Ländereien genau zurückgegeben werden müssen.
Chiles Präsident Boric setzte für die Lösung eine Kommission aus Mapuche und Vertreterinnen der Unternehmen und Großgrundbesitzerinnen der Region ein. Die seit fast einem Jahr tagende Kommission für Frieden und gegenseitiges Verständnis sollte ursprünglich die Anzahl der Ländereien angeben und einen Plan zur Rückgabe ausarbeiten. Doch selbst das Ziel ist unklar. Das ultrarechte Kommissionsmitglied Sebastián Naveillán erklärte noch zu Beginn, dass es überhaupt keinen Landraub gegeben habe und es ihm darum gehe, das Gesetz für indigene Ländereien zu verändern, sodass diese wieder an Nicht-Indigene verkauft werden könnten, um so angeblich die dort existierende Armut zu bekämpfen.
„Die Politik der Regierung führt zu Angst und Misstrauen“
Gleichzeitig reagiert die Regierung mit zunehmender Verschärfung von Gesetzen und Repression auf die politischen Forderungen der Mapuche. Fast seit Beginn der Regierungszeit ist das Militär mitsamt der Ausrufung des Ausnahmezustands in einem Großteil der Region für die Sicherheit zuständig. Erst Mitte vergangenen Jahres wurde das Gesetz gegen Landbesetzungen verschärft. Damit wurde die Möglichkeit von Haftstrafen gegen Landbesetzer*innen eingeführt und eine schnellere Räumung ermöglicht. Unter anderem die Forstunternehmen der Region, die häufig mit Landbesetzungen zu tun haben, pochten auf eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes.
„Die Politik der Regierung führt zu Angst und Misstrauen“, erklärt Claudio Millacura, Professor an der Universidad de Chile in Santiago und selbst Mapuche. Das Wissen aller politischen Amtsträger*innen über die Mapuche sei voller Vorurteile und unglaublich rassistisch. Auch in linken Parteien. Er fügt hinzu: „Die Mapuche-Gemeinschaften wollen nicht, dass ihnen jemand Lösungen anbietet, die von einem Schreibtisch aus erarbeitet wurden. Sie fordern zuerst Gespräche, um Vertrauen zu schaffen.“
Doch zu diesen sei es bislang nicht gekommen. Millacura meint, das fehlende Interesse liege auch daran, dass die Mapuche keine homogene Wähler*innenschaft bilden, was dazu führe, dass sich die Parteien nicht richtig mit ihren Forderungen auseinandersetzen. Bei der Erklärung blickt er auf das Ende der 1980er Jahre zurück und meint: „Als die demokratischen Parteien nach Unterstützung suchten, um das Referendum über das Fortbestehen der Diktatur zu gewinnen, gab es eine Annäherung, in der die indigenen Gemeinschaften sich gehört fühlten.“
„Es gab niemals wirkliche Verhandlungen“
Das damalige Resultat war der Bericht von 2003. Seitdem habe es keine weitere Annäherung gegeben, auch der verfassungsgebende Prozess von 2021 bis 2023 mit der aktiven Teilnahme der Indigenen habe daran nichts geändert. „Schlussendlich gab es nie Klarheit, was genau die versprochene Plurinationalität bedeuten sollte. Sie diente vor allem, um gegen die neue Verfassung Stimmung zu machen“, ergänzt Millacura pessimistisch. Millacura glaubt, es bräuchte einen politischen Prozess, der über die aktuelle Regierung hinausgeht. Das Ziel dieser Politik sollten langfristige Gespräche und Verhandlungen sein, in der die Mapuche wirklich angehört werden. „Denn es gab niemals wirkliche Verhandlungen, weil die Bedingungen dafür nie gegeben waren. Daran muss gearbeitet werden.“
In den Anden hofft Huenteman weiterhin auf die Gespräche mit lokalen Vertreter*innen der Regierung. „Man sagte uns allerdings, dass das Land nicht von der CONADI gekauft und übertragen werden könne, da es sich um ein Konfliktgebiet handelt“, erzählt er. Man habe ihnen andere Grundstücke angeboten, aber ihnen sei es wichtig, weiterhin auf ihrem Land zu bleiben. Derweil läuft wieder ein Gerichtsverfahren gegen Huentemans Großvater. Er hat Angst und meint erschöpft: „Früher bedeutete eine Verurteilung wegen Landbesetzung eine Geldstrafe. Mit dem neuen Gesetz kann mein 92-jähriger Großvater ins Gefängnis kommen.“

Von Malte Seiwerth, Santiago de Chile