Protectores del medio ambiente. Acción climática

“Eliminar la Ley Lafkenche no es avanzar. Es retroceder en democracia, en descentralización y en respeto por quienes viven, trabajan y cuidan el borde costero desde mucho antes que llegaran los intereses industriales. La inversión no puede pasar por encima de la dignidad ni de los derechos colectivos”.

Es una falta de respeto a las comunidades:

El expresidente Eduardo Frei llamó a matar la Ley Lafkenche para impulsar la industria salmonera en Japón, generando críticas del senador Huenchumilla y la diputada Nuyado, quienes defendieron la normativa como un derecho humano y ancestral, acusando a Frei de favorecer intereses de grupos económicos sobre las comunidades costeras y el medio ambiente.

Los dichos de Frei: “Matar la Ley Lafkenche”

El exPresidente Eduardo Frei Montalva, embajador para Asia-Pacífico, generó controversia al afirmar en la Semana de la Minería de Expo Osaka que Chile debe "matar la Ley Lafkenche" para impulsar las exportaciones salmoneras. Sus declaraciones fueron respondidas con firmeza por el senador DC Francisco Huenchumilla y la diputada Emilia Nuyado, quienes defendieron la normativa como un derecho ancestral.
Frei, en su intervención ante empresarios japoneses, aseguró que la industria del salmón —donde Chile es el segundo productor mundial— podría duplicar sus exportaciones con inversión nipona, pero "lo primero que hay que hacer es eliminar la Ley Lafkenche, porque está matando al sector".

Lo que dijeron en la Conferencia Mundial de Océanos

Lo señalado por el exmandatario, se contrapone a lo planteado en la Conferencia Mundial de los Océanos, realizado en Niza (Francia) del 9 al 13 de junio, ocasión donde Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU para el derecho humano a un ambiente sano, publicó un contundente artículo en El País de España, titulado «El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas».
En este artículo, la relatora destacó a la Ley Lafkenche —lograda tras años de lucha— como modelo clave, indicando: “A través de lo que ahora se conoce como Ley Lafkenche, estos pueblos lograron obtener derechos para gestionar y usar las zonas marinas costeras para actividades como la pesca, pero también para ceremonias religiosas y tradicionales, reconociendo y protegiendo así sus vínculos culturales y económicos con el mar”.

Senador Huenchumilla a Frei por Ley Lafkenche: “Con ese tono de prepotencia (…) la gente merece respeto”

El senador Huenchumilla respondió por medio de un video en redes sociales: "presidente Frei, usted está equivocado, en la forma y en el fondo". Criticó duramente el tono del exmandatario: " "En la forma usted no puede tratar a un sector social de esa manera, le va a matar su ley, que se dictó durante la Concertación y que responde a sus derechos ancestrales, usted apadrinando a los grupos económicos. ¿Con ese tono de prepotencia? Yo creo que la gente merece respeto. No estoy de acuerdo con usted".
También le señaló: "Y respecto al fondo, ¿quién le dijo a usted que la ley Lafkenche es la culpable de los problemas que pueda tener una industria terminada en el sector costero? Yo creo que sus asesores tienen que explicarle bien en qué consiste la ley Lafkenche. Y se va a dar cuenta que es un error", indicó el parlamentario de origen mapuche.
Agregó en su video Huenchumilla: “Se Lo digo porque ambos somos demócratas cristianos, tributarios de su padre Eduardo Frei Montalba”, recordándole que se la había jugado por los vulnerables, “por los campesinos, por los pobladores”.
Finalizó el senador por la Araucanía: “Yo entiendo que esos somos los demócratas cristianos. Entonces me dolió lo que usted dijo. Simplemente eso. Se lo digo con todo afecto. Nada más".
Ver video con los comentarios de Francisco Huenchumilla

Diputada Emilia Nuyado: “No se puede hablar de desarrollo matando los derechos de los pueblos Originarios”

Por su parte, la Diputada Emilia Nuyado (PS) rechazó y apuntó a una falta de respeto hacia las comunidades indígenas costeras y la pesca artesanal, calificando de “matonescos e inaceptables” los dichos del exmandatario. “No se puede hablar de desarrollo matando los derechos de los pueblos indígenas. La Ley Lafkenche no es una traba, es una herramienta de justicia territorial que protege el vínculo ancestral con el mar y garantiza la participación de las comunidades que históricamente han cuidado ese ecosistema”, afirmó.
La Ley Nº 20.249 —conocida como Ley Lafkenche— permite a comunidades costeras de pueblos originarios solicitar Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), reconociendo su relación espiritual, cultural y económica con el borde costero. Para la Diputada, el intento de eliminar esta norma responde a una mirada extractivista y centralista que invisibiliza a quienes habitan y protegen el litoral.
“El verdadero problema no es la Ley Lafkenche, sino la expansión desregulada de industrias como la salmonicultura, que ha contaminado fiordos completos, desplazado a la pesca artesanal y afectado la biodiversidad. Defender el mar no es un obstáculo, es una obligación ética y ecológica”, recalcó.
Además, la legisladora recordó que la actividad pesquera en Chile está regulada por ley y que no cualquiera puede ejercerla libremente sin inscripción ni autorización, por lo que los discursos que relativizan esta realidad solo contribuyen a desinformar a la opinión pública.
“La pesca no es un territorio sin ley. Las y los pescadores artesanales cumplen requisitos, están registrados y muchas veces son quienes primero denuncian malas prácticas y sobreexplotación. El expresidente Frei debería reconocer eso antes de atacar una ley que precisamente ordena y protege el uso del mar”, afirmó la diputada.
La parlamentaria llamó al Gobierno y al Congreso a fortalecer, no debilitar, las herramientas de resguardo territorial y participación comunitaria, y pidió respeto por las comunidades costeras y los pueblos originarios del sur de Chile.
“Eliminar la Ley Lafkenche no es avanzar. Es retroceder en democracia, en descentralización y en respeto por quienes viven, trabajan y cuidan el borde costero desde mucho antes que llegaran los intereses industriales. La inversión no puede pasar por encima de la dignidad ni de los derechos colectivos”.
Finalmente, la diputada dijo “finalmente quiero señalar que el problema nunca ha sido la Ley Lafkenche, el problema lo tiene el propio Estado porque no ha tenido la capacidad de poder generar las administraciones y la coordinaciones que se tienen que establecer con los pescadores y comunidades de los Pueblos Indígenas y que finalmente estas terminan conflictuando porque no hay presupuesto para que se puedan establecer estas administraciones, entonces no tiene que ver con una situación de modificación ni menos de la eliminación de la ley, sino que tiene que ver con un tema de carácter administrativo y que hoy este gobierno tiene que llevar a cabo”.

Por Equipo Comunicaciones Mapuche

La Conferencia de la ONU sobre los Océanos (Niza, 9-13 junio 2025) reunió a Estados Miembros y referentes de la sociedad civil, como el pueblo mapuche y territorialidades williche-lafkenche, para abordar amenazas como industrias extractivas y conservación excluyente.

Pueblo Mapuche fue destacado en Conferencia Mundial de Océanos: “Es un ejemplo de protección de las costas marinas”
 Mientras sectores políticos en Chile debaten debilitar la Ley Lafkenche, la relatora de la ONU Astrid Puentes destaca en su artículo en El País sobre la lucha mapuche por la protección costera.

Conferencia de la ONU en Niza destaca liderazgo mapuche en protección costera: El escrito de la Relatora Astrid Puentes en Diario El País

Durante cinco días, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos reunió a delegaciones globales en Niza para fortalecer compromisos con la protección marina. Entre los participantes, destacó la presencia de una delegación mapuche-williche-lafkenche, que visibilizó las amenazas de industrias extractivas y políticas de conservación que excluyen a comunidades ancestrales. Su mensaje resonó en un contexto crítico: en Chile, sectores políticos y la gran industria salmonera impulsan iniciativas para debilitar la Ley Lafkenche, único marco legal que reconoce derechos consuetudinarios sobre el borde costero.
En paralelo al evento, Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU para el derecho humano a un ambiente sano, publicó un contundente artículo en El País de España, titulado «El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas». Puentes subrayó cómo la triple crisis planetaria (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación) impacta el océano y los derechos humanos, destacando que comunidades como los lafkenche son «fuente de esperanza» con su gestión ancestral del maritorio.
La Relatora enfatizó que la Ley Lafkenche —lograda tras años de lucha— permite a estas comunidades gestionar zonas costeras para pesca, ceremonias y protección cultural, un modelo clave frente a la expansión de industrias como la salmonera. Sin embargo, advirtió que la falta de inclusión de pueblos originarios en decisiones globales y la gobernanza oceánica fragmentada agravan la crisis. «Proteger el océano es proteger derechos humanos», insistió, criticando el aumento proyectado de extracción de gas en alta mar (+55% para 2050).
El artículo también cuestiona la «débil ambición política» y la corrupción que obstaculizan acuerdos internacionales, mientras celebra redes globales de sociedad civil y científicos que exigen acciones integradas. La Conferencia en Niza, señaló Puentes, es una oportunidad para priorizar derechos humanos y conocimientos indígenas en la declaración final, cuyo Plan de Acción debe «detener la destrucción y promover protección real».
Para profundizar en este análisis urgente, se recomienda leer el artículo completo de Astrid Puentes Riaño en El País: «El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas», un llamado a reconocer el liderazgo indígena y actuar frente a la crisis oceánica.

El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas

Por: Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU para el derecho humano al ambiente sano, limpio y sostenible.
Una de las particularidades más asombrosas acerca del océano es que la existencia de cada uno de los seres que habitamos este planeta depende de él. Incluso quienes vivimos tierra adentro estamos conectados con el océano y, por ende, su salud repercute en nuestras vidas. Y aunque en este momento se vea amenazado, hay acciones que se pueden tomar para protegerlo.
Actualmente, la triple crisis planetaria, que incluye el cambio climático, (https://elpais.com/noticias/cambio-climatico/) la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica, son un riesgo para el océano. Es también un tema urgente de derechos humanos, ya que el océano es un gran bioma que regula el clima planetario, brinda balance a los ecosistemas y nos interconecta a todas y todos al ser fuente de vida y alimento. Además, es esencial para la economía, transporte y también las tradiciones. Por eso, cuando hablamos del océano, hablamos de derechos humanos.
Actividades como la extracción y uso de petróleo, gas y carbón, así como la creciente contaminación por plástico, pesticidas y otras sustancias tóxicas, causan un enorme impacto negativo en el océano. Esto se extiende a las personas, especialmente a las poblaciones vulnerables, como pueblos indígenas y comunidades costeras que dependen directamente de él. Sin embargo, dichas comunidades también implementan múltiples acciones que están contribuyendo a proteger el océano y que son fuente de esperanza y aprendizaje para su protección.
Un ejemplo es el pueblo mapuche lafkenche de Chile y sus acciones para proteger su maritorio, como le dicen a su territorio en las costas marinas. La expansión industrial de la producción de salmón, que ha afectado a la biodiversidad local.
La falta de coordinación y la fragmentación, marcada por múltiples niveles de intervención, impide que se cumplan y da lugar a una gobernanza ineficaz del océano, agravada por la escasa ambición política, la corrupción y la falta de transparencia.
Como respuesta, estas comunidades propusieron al Gobierno reconocer la presencia ancestral y las prácticas tradicionales de los pueblos costeros indígenas en la legislación. A través de lo que ahora se conoce como Ley Lafkenche, estos pueblos lograron obtener derechos para gestionar y usar las zonas marinas costeras para actividades como la pesca, pero también para ceremonias religiosas y tradicionales, reconociendo y protegiendo así sus vínculos culturales y económicos con el mar.
El reconocimiento de derechos a las comunidades costeras es esencial, pues alrededor de 500 millones de personas dependen de la pesca a pequeña escala y, así como el pueblo mapuche lafkenche, muchas de ellas son pueblos indígenas y comunidades costeras cuyos conocimientos, experiencia y tradiciones sirven para proteger la vida del océano. Sin embargo, en muy pocas ocasiones son incluidas en los procesos de toma de decisiones, a pesar de ser claves para encontrar soluciones.
Las actividades que afectan al océano afectan a los derechos a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la cultura y, por supuesto, al derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. A pesar de que es urgente reducir el consumo de combustibles fósiles, se prevé un aumento del 55 % de la producción mundial de gas en alta mar de aquí a 2050, sobre todo en África y América Latina.
A esto se suma otro factor que agrava la situación: una gobernanza oceánica débil y fragmentada. Hay más de 600 acuerdos regionales e internacionales que abordan la compleja interdependencia de los derechos humanos, las actividades económicas y los ecosistemas marinos. A pesar de ellos, la falta de coordinación y la fragmentación, marcada por múltiples niveles de intervención, impide que se cumplan y da lugar a una gobernanza ineficaz del océano, agravada por la escasa ambición política, la corrupción y la falta de transparencia.
Este panorama evidencia la urgencia de avanzar la efectividad de las acciones para proteger el océano. Cada vez hay más trabajo de redes globales, formadas por la sociedad civil, pueblos costeros y la comunidad científica, que alzan la voz y piden que el océano sea entendido y atendido como uno solo cuando se habla de protegerlo.
De ahí, que la Tercera Conferencia del Océano de Naciones Unidas que se celebra en estos días en Niza, en Francia, ofrece una oportunidad para reconocer la importancia de llegar a acuerdos que tengan en el centro los derechos humanos y una perspectiva de ecosistemas.
Hay gran expectativa respecto a la declaración voluntaria que Estados, actores privados y sociedad civil firmen para la conservación y uso sostenible del océano. Este Plan de Acción debe tener en cuenta las interrelaciones del océano con la vida y la subsistencia de las personas y, también, reconocer la importancia del conocimiento y trabajo de las comunidades costeras y pueblos indígenas. Dicha declaración y el Plan de Acción deben reconocer y responder la situación real y urgente a la que el océano se enfrenta, para contribuir realmente a detener las actividades que causan su destrucción y avanzar en acciones que promuevan su protección.
Proteger el océano es proteger nuestro derecho al ambiente limpio, sano y sostenible, pero también proteger todos los derechos relacionados y, sobre todo, proteger la humanidad y los ciclos de vida que dependen de él. A fin de cuentas, en el océano se originó la vida de nuestro planeta.

Por: Equipo Comunicaciones Mapuche

El reportaje de Antena 3 TV, canal líder de España, expone los impactos de la industria salmonera en la Patagonia chilena: contaminación por plásticos, uso excesivo de antibióticos, muerte de buzos y persecución de lobos marinos. Comunidades locales denuncian la destrucción de sus economías locales y ecosistemas, mientras expertos alertan sobre riesgos sanitarios.

Una investigación de Antena 3 TV, reveló los impactos más oscuros de la industria del salmón. Bajo el título “El Imperio del Salmón”, el reportaje recorrió fiordos patagónicos, evidenciando los profundos efectos sociales, ambientales y laborales de esta industria transnacional, dominada por empresas transnacionales como la noruega MOWI.
En la Patagonia chilena, el equipo periodístico fue testigo del nivel de ocupación marina: “Entonces esos puntos rojos son concesiones salmoneras, todo esto. Una invasión. En el fondo termina siendo un Far West, en el cual ellos están en los fiordos, hacen lo que quieren, nadie los fiscaliza y la ciudadanía tampoco puede hacerlo”, señala parte del relato. En Puerto Aguirre, una vecina recuerda: “Antiguamente había playas donde ibas a bañarte, hoy no puedes porque el fondo del mar está contaminado”.

Ver Reportaje “El Imperio del Salmón”; Antena 3 TV, España
En Chile, Defendamos Patagonia ha compartido en redes sociales un primer extracto del reportaje: “Un Reportaje SORPRENDENTE que está dando la vuelta al mundo (…) Desde el canal más visto de España, develan los impactos de la industria salmonera en la ¡PATAGONIA de CHILE!(…) Un reportaje de alto impacto que desenmascara los efectos ambientales y sociales de la industria salmonera en la Patagonia chilena: contaminación por plásticos, destrucción de ecosistemas marinos, uso excesivo de ANTIBIÓTICOS (100 veces más que Noruega), muerte de buzos, matanza de lobos marinos y desplazamiento de la pesca artesanal”.

Ver resumen 1 de Defendamos Patagonia
Ver resumen 2 de Defendamos Patagonia
 El reportaje también constató los cambios drásticos en la economía local. Un buzo artesanal relató: “Lo que es almeja, saldrían 800 kilos por buzo. Hoy en día están sacando 300 kilos”. Una pescadora añadió: “Me gustaría que siguieran trabajando porque toda persona necesita un trabajo y la salmonera se lo está dando. Pero me gustaría que se fuera más lejito, no tan cerquita de lo que nos pertenece, que es nuestro territorio”. Aunque la industria prometió generar 28 mil empleos, solo se han concretado 17 mil, según indica el reportaje.
Las denuncias laborales también marcaron el relato. Un exoperario de piscifactoría expuso: “Siempre se incumplieron normas. Hay muchos accidentes graves en la salmonicultura. Personas que han muerto, hubo un montón de buzos que han tenido mal de presión. Tenemos una mortalidad por buzo gigantesca”. Afirmó que la presión patronal los obligaba a romper protocolos de seguridad.
El equipo evidenció imágenes de lobos marinos objeto de disparos. “¿Le está disparando? Sí, le está disparando”, dice un testigo, señalando que las salmoneras consideran a estos animales protegidos como plagas. El video mostró también instalaciones abandonadas y basura acumulada bajo las jaulas flotantes: “Lo que cae al agua… abajo se quedó. En todos los centros encontramos exactamente lo mismo”.
En Galicia, España, pescadores artesanales están en pie de guerra contra la instalación de salmoneras noruegas. Uno de ellos fue categórico: «Aquí en Galicia no nos hables del salmón. Y en esta ría menos, porque lo odiamos. Odiamos el salmón de piscicultura (…) Una mafia, una mafia. Prometieron muchos puestos de trabajo, muchas ventas. Ocuparon con sus jaulas un espacio en el mar donde antiguamente se mariscaba y se pescaba y nos desplazaron de ese lugar y al final la empresa dio un concurso de acreedores, dejó las jaulas allí tiradas durante un largo tiempo hasta que el gobierno autonómico tuvo que encargarse de retirarlas porque la empresa se esfumó y nada más. Y claro, no le queremos muy bien ni al salmón ni a la industria del salmón, porque es que además la competencia que nos hacen es bastante desleal».
Otra denuncia se refiere al uso de peces salvajes para alimentar salmones de cultivo: “El salmón está cogiendo de los océanos pescado para hacer harina, para alimentar a sus salmones… Deja sin alimento a las especies que captura la pesca artesanal», también se señaló que los ingresos de un pescador gallego han caído en 500 euros mensuales.
“A mí me gustaría que volviera la pesca artesanal porque le da vida a la isla”, señala una habitante de Puerto Aguirre en la región de Aysén, Chile, destacado por Ante 3 TV en su reportaje.

Uso y abuso de antibióticos

La conductora del reportaje pregunta a la médico veterinaria Lisbeth Van Deer Meer: «¿Qué diferencia hay entre el uso de antibióticos en Europa y el uso de antibióticos aquí, en la producción chilena?». Responde la entrevistada: » Nosotros utilizamos casi 339 toneladas de antibióticos. 339 toneladas. Exactamente, más de 100 veces lo que se usa en Noruega. Entonces, el problema que tenemos, efectivamente, es que no hemos podido encontrar una solución para manejar estas enfermedades, ya sea con vacunas o con otro tipo de manejo y tratamiento. Por ejemplo, el antibiótico que se está usando en su gran mayoría en Chile es el florcinicol. Algún día ese antibiótico ya no va a funcionar». Pregunta la conductora: «¿Es traspasable la resistencia de los antibióticos de los salmones a las personas?», responde la médico veterinaria: «Efectivamente, nosotros pedíamos por ley de transparencia todos los datos de antibióticos, biomasa, mortalidad. Y esta información nunca se nos quiso dar. Entonces fuimos a cortes de apelaciones, a la Corte Suprema y la Corte Suprema al final dijo que sí, esta información tiene que saberla los consumidores».

Playas cubiertas de basura salmonera

Defensores del territorio marino, muestran en el reportaje playas de islas de la Patagonia aysenina cubiertas de basura salmonera: «Como pueden ver, acá es parte de la basura que nos regala la industria salmonera a estos territorios (…) Esto es el reflejo de que la industria no cumple ninguna de las normativas, ni siquiera sanitarias, porque la industria no debiese tener un plan de recoger basura, no debiese generar basura. Todo es cabo, mira, todo es cabo. Plástico la mayoría, todo lo que la industria produce es plástico (…) Toda la basura se va quedando debajo. Está ya toda la isla por debajo llena de plástico. Es lo que han encontrado por aquí”, resaltan las imágenes y el relato.
Otra dirigente, señala: “Alimento completo para salmoneres. Esto era de un maxi-bag que trae muchos kilos. Este es del 6 de enero del 2015.Esta es de conservación de mortalidades no apto para consumo humano. Si la etiqueta tóxica llegó, parte del producto también. Para después eliminar estos salmones». Pregunta la conductora: «¿Se refiere a los salmones que se mueren en las granjas?». Respuesta dirigenta: «Sí. Irritante, manipular con gafas, protectoras, antisalpicaduras, mascarillas, guantes de PVC, polietileno, pecheras y botas plásticas, porque es algo que está hecho para que te descompongas del material orgánico. Alimento completo medicado. Mowi Chile. Esto es de Mowi».

Salmón de cultivo versus salmón salvaje

El reportaje destaca al salmón salvaje de Alaska como alternativa sostenible. Con menos grasa y más omega-3, su producción no usa antibióticos y preserva ecosistemas. «Es un superalimento natural, sin aditivos ni residuos de piensos», explica un productor gallego que factura 900.000 euros anuales con este modelo ético.
Expertos gastronómicos y científicos comparan ambos salmones: el salvaje tiene color más intenso y grasa saludable, mientras el de cultivo muestra tonalidades apagadas por dietas artificiales. «Es como comparar un pollo enjaulado con uno de campo», señala un chef. Estudios confirman que el salvaje tiene más proteínas y equilibrio omega-3/6, clave para combatir inflamaciones.
El reportaje cierra con un mensaje: reevaluar el costo real del salmón de cultivo industrial. Mientras la industria promete desarrollo, sus impactos ambientales, sanitarios y sociales «no son sostenibles», concluye la narración.

Por: Territorios Comunicaciones

La Fundación Escazú reportó que en 2023 hubo amenazas contra 20 defensores ambientales en Chile. América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza.

¿Dónde está la defensora ambiental Julia Chuñil?
El colectivo G80 entregó una carta en el Palacio de la Moneda dirigida al presidente Gabriel Boric exigiendo esclarecer la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental mapuche de 72 años, desaparecida hace más de seis meses en el sur de Chile bajo amenazas previas y en un contexto de violencia estructural contra activistas ambientales según denuncias difundidas por EFE Verde.
Escritoras, artistas y docentes del colectivo G80 entregaron este jueves una carta al presidente Gabriel Boric para exigir que se profundice la búsqueda de la defensora medioambiental mapuche, Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace seis meses en la localidad rural de Máfil, en el sur de Chile, informó la agencia internacional EFE Verde.
El grupo, que conmemora a Gabriela Mistral como figura del “Día de la Poesía Chilena”, firmó la misiva en su nombre. Según reportó EFE, la carta fue entregada en mano por la poeta y vocera Sol Danor en el Palacio de La Moneda y exige “medidas efectivas para proteger a estos líderes y garantizar su seguridad”.
En palabras recogidas por EFE Verde, la carta subraya que “es fundamental que el Estado chileno cumpla sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y se garantice la seguridad y protección de su pueblo”. El texto, leído en voz alta en el patio frontal de La Moneda, agrega: “Quiero manifestarle, presidente Boric, que me tomo la libertad de escribirle esta carta, porque dediqué mi vida a Chile (…) ¿Dónde está Julia Chuñil?”.
Julia Chuñil, de 72 años, recibió amenazas previas a su desaparición. La familia sostiene que “la sacaron del campo” y vincula su ausencia a intereses “económicos y políticos”. La investigación, hasta hoy, se mantiene bajo estricta reserva.
EFE Verde destacó que Julia Chuñil presidía desde 2014 la Comunidad Indígena de Putreguel, donde lideraba la defensa de tierras ancestrales frente a la deforestación. Su desaparición ocurrió en un contexto de histórica disputa territorial entre el Estado, empresas forestales y comunidades mapuche en el sur del país.
En declaraciones a la agencia internacional, el presidente de la Fundación Escazú Ahora, Sebastián Benfeld, denunció la falta de implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022. “No hay una implementación cabal”, dijo, recordando que se cumplieron ya más de 100 días sin novedades en el caso.
La Fundación Escazú Ahora, citada por EFE, reportó que en 2023 hubo amenazas contra 20 defensores ambientales en Chile, de los cuales un 65 % son mujeres. América Latina, según la misma fuente, sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza.
La agencia internacional también recordó que el caso de Chuñil evoca el de la defensora mapuche Macarena Valdés, muerta en 2016 en circunstancias aún no esclarecidas tras oponerse a un proyecto hidroeléctrico en la misma región. Su muerte se presentó como suicidio, tesis que la familia siempre rechazó.
Actualmente, la familia de Chuñil mantiene una querella por secuestro, homicidio o femicidio contra quienes resulten responsables. Según reportó la agencia internacional, el presidente Boric se comprometió públicamente a diciembre pasado a seguir el caso “hasta el final”, compromiso que hoy el colectivo G80 exige honrar.

Ver el video en la plataforma de EFE Verde. 

Por Equipo Comunicaciones Mapuche

En la actualidad, 32 empresas de grupos empresariales y transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, se han adjudicado 416 concesiones industriales en los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia.

La industria salmonera en Chile ha bloqueado leyes ambientales, presionado contra territorios indígenas y evitado sanciones, revelando su influencia en el Estado. Casos clave: rechazo a protección de áreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), modificación de la Ley Lafquenche, suspensión de nueva ley acuícola y caducidades incumplidas. Comunidades denuncian desinformación y complicidad estatal, desde la ciencia, hablan de “astroturfing”.

Del SBAP a la Ley Lafquenche: el poder empresarial que frena normas ambientales e indígenas y evade el control público

En mayo de 2023, tras un intenso lobby, la Comisión Mixta del Congreso rechazó una indicación clave en el proyecto de Ley SBAP que buscaba regular las concesiones salmoneras en áreas protegidas (AP). La votación, con un empate inicial (5-5), terminó con el rechazo definitivo gracias a parlamentarios como José Meza (Republicano), Juan Coloma (UDI), Paulina Núñez (RN), Matías Walker (Independiente) y Gustavo Sanhueza (UDI).
La científica Cristina Dorador denunció luego de la votación: «Que decepcionante y lamentable la argumentación de algunos parlamentarios sobre la Ley SBAP y defensa a las salmoneras. Con ese nivel no nos quedará Chile que proteger» (X, mayo 2023) . En otro posteo comentó: “En el paupérrimo debate de esta tarde #SBAP un parlamentario dijo que era una "irracionalidad" tener áreas protegidas. Se necesitan estándares mínimos de entendimiento y conocimientos para poder legislar” (X, 29 de mayo, 2023). En otra publicación: “Lo que está haciendo la industria salmonera al oponerse al #SBAP es un claro ejemplo de #Astroturfing, es decir, una campaña de la élite empresarial enmascarada como un movimiento social, en este caso incluyendo el apoyo de parlamentarios” (X, 28 de mayo, 2023).
Las empresas financiaron campañas mediáticas, movilizaron trabajadores y presionaron con argumentos económicos, logrando mantener su acceso a zonas de alto valor ecológico.

Ley Lafquenche bajo ataque: comunidades indígenas versus salmoneras

La LEY NÚM. 20.249. CREA EL ESPACIO COSTERO MARINO DE LOS. PUEBLOS ORIGINARIOS, también conocida como Ley Lafquenche, que protege espacios costeros de pueblos originarios de usos consuetudinarios, ha sido sistemáticamente saboteada por la industria. En Magallanes, Aysén y Los Lagos, los Consejos Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) —donde influyen gremios salmoneros— han rechazado solicitudes de ECMPO (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios).
Aunque los ECMPO no constituyen propiedad privada sino un reconocimiento de uso consuetudinario -que promueve la gobernanza colectiva entre diversos actores y que no afecta las concesiones preexistentes en las zonas-, numerosas solicitudes de comunidades indígenas han sido sistemáticamente obstaculizadas.

Casos emblemáticos:

• Magallanes (agosto 2024): La CRUBC rechazó el ECMPO de la comunidad kawésqar As Wal La Iep con 36 votos en contra y 1 a favor. Prensa Austral reveló que la Asociación de Salmonicultores de Magallanes envió un informe días antes, alineado con los argumentos del gobierno regional (Prensa Austral, julio 2024).
• Aysén (febrero 2024): La CRUBC rechazó dos ECMPO ("Cisnes" y "Huichas") con 29 votos en contra. Las comunidades denunciaron: «Esta votación mostró un Estado pasivo y ausente, que permitió abuso de poder e inequidad, violando el Convenio 169 de la OIT» (Comunicado comunidades, febrero 2024). 
• Los Lagos / Chiloé (junio 2024): La CRUBC de Los Lagos rechazó 4 de 5 solicitudes mapuche-williche. Radio Williche Mül’ütu documentó cómo la industria difundió el miedo a pérdidas de empleo, pese a que la ley no afecta concesiones existentes (Radio Williche Mülutu y Radio Kurruf). 

Ley acuícola suspendida y caducidades incumplidas

En noviembre 2024, el gobierno suspendió la tramitación de la nueva Ley de Acuicultura tras presión del sector salmonero. Paralelamente, la Subsecretaría de FF.AA. solo caducó 78 de 428 concesiones irregulares, pese a informes de la Contraloría General (CGR) que detectaron 170 centros inactivos no fiscalizados (CGR, agosto 2024).
La Fundación Terram denunció: «SERNAPESCA ocultó información, permitiendo que empresas mantengan concesiones sin operar por años» (Informe CIPER, mayo 2024).
El Subsecretario Galo Eidelstein informó a Prensa Austral, que en los restantes 350 casos no se verificaron incumplimientos punibles, pese a denuncias reiteradas por organizaciones ambientales desde 2022.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) emitido en agosto de 2024 resaltó graves deficiencias en la fiscalización de 170 centros de cultivo de salmones inactivos. La CGR señaló que Sernapesca no comunicó dichas situaciones a la SS.FF.AA., obstaculizando la declaración de caducidad. El documento también subrayó que 79 procesos relacionados con centros inactivos siguen pendientes desde 2016, mientras otros 36 excedieron los plazos legales.

Sobreproducción y perdonazos millonarios

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha omitido sanciones por sobreproducción y contaminación:
95 casos de sobreproducción en reservas nacionales (67 mil toneladas ilegales) quedaron impunes, con solo 13 denuncias (CIPER Chile, mayo 2024. Fundación Terram). Nova Austral, responsable de 19 concesiones en parques nacionales, recibió un perdonazo: Luego de cuatro años de iniciada una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Nova Austral por fraude de subvenciones y posteriormente de que identificara que la empresa recibió $59.580 millones de pesos vía Ley Navarino -entre 2016 y 2019- a través de la entrega de información falsa; en marzo de este año el Ministerio Público presentó una propuesta de acuerdo alternativo para suspender el proceso judicial a cambio de que Nova Austral pague sus deudas tributarias, por un monto de $30.229 millones de pesos, de los cuales $9.130 millones (38%) se financiarían con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino, que se encuentran retenidas como medida cautelar ($6.953 millones) y pendientes de pago ($2.177 millones). Cabe recordar que 19 de las 28 concesiones salmoneras que operan dentro de parques nacionales pertenecen a Nova Austral.

Captura regulatoria y complicidad estatal

Un 4 de mayo del 2022, el presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la región de Magallanes, expresó que las empresas salmoneras tienen que salir de las áreas protegidas: «Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas», expresó el mandatario.
También indicó el mandatario: «Desde nuestro gobierno tenemos que buscar ese equilibrio sensible, difícil, de cómo compatibilizar el empleo que entregan esas empresas con las externalidades que provocan (…) No se puede entregar más concesiones en la medida que no existan estudios de capacidad de carga del suelo marítimo, autónomos de las salmoneras, y que exista una capacidad fiscalizadora del Estado».

Cabe señalar, que en la actualidad, 32 empresas de grupos empresariales y conglomerados familiares chilenos junto a transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, controlan, a lo menos, 416 concesiones industriales al interior de los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia.

Por Territorios Comunicaciones

Con más de 120 concesiones otorgadas en la región, surge la interrogante de si la regulación actual es suficiente para equilibrar la actividad económica con la conservación ambiental

Según datos oficiales y reportes de organizaciones ambientales la industria salmonera en Magallanes acumula un extenso registro de episodios de contaminación, daños ecológicos y litigios.

Empresas salmoneras en Magallanes

La industria acuícola salmonera en Magallanes está dominada por empresas extranjeras y nacionales, que no son de la región, entre las que destacan AquaChile (AgruSúper) y Nova Austral (capitales noruegos). Estas compañías operan en áreas de alto valor ecológico, como el Parque Nacional Alberto de Agostini en el caso de Nova Austral, quien ha enfrentado denuncias por falsificación de datos y daños ambientales y También en la Reserva Nacional Kawesqar.
Otros actores relevantes incluyen a Multiexport (chilena) y Blumar (empresas chilenas). También asoman empresas como Cermaq Chile (multinacional 100% propiedad del grupo Mitsubishi Corporation de Japón), Australis Sea Food (empresa china Joyvio), que han expandido su presencia en la región, generando controversia por su impacto en áreas protegidas y conflictos con comunidades locales.

El prontuario que acumula la industria salmonera en el extremo austral

La industria salmonera en Magallanes enfrenta múltiples denuncias: muerte de ballenas, sobreproducción ilegal en reservas, falsificación de datos (Nova Austral) y "zonas muertas" por contaminación. Informes revelan uso excesivo de antibióticos y expansión en áreas protegidas, pese a impactos y patrón de incumplimientos.
Estos son los hechos documentados, recordados por la campaña Defendamos Patagonia:

1. Muerte de ballenas en áreas protegidas (2024): La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) investigó a Australis y Cooke Aquaculture tras hallar ballenas jorobadas muertas en la Reserva Nacional Kawésqar (Magallanes) y el Parque Nacional Laguna San Rafael (Aysén).
2. Condiciones anaeróbicas y contaminación en reservas: Un informe de Sernapesca del 2020 registró la mayor proporción de INFAs anaeróbicas en Magallanes (58%), durante el período histórico de 2012-2019, lo que está relacionado con la acumulación de desechos como fecas, químicos y alimentos no consumidos, que es incompatible con la vida de las comunidades naturales del ecosistema.
3. Sobreproducción ilegal en reservas (2024): Fundación Terram reveló que 64 centros de cultivo en Reserva nacional Kawesqar (Magallanes) y Reserva Guaitvcas (Aysén) produjeron 67 mil toneladas de salmón por encima de lo autorizado.
4. Grave daño al Parque Nacional Alberto de Agostini (2022): La SMA revocó tres resoluciones de calificación ambiental a Nova Austral por sobreproducción y alteración del fondo marino.
5. Fraude y falsificación de datos por Nova Austral (2022): La empresa noruega, con 19 concesiones en el Parque Nacional Alberto de Agostini, falsificó cifras de mortalidad de salmones y alteró fondos marinos para ocultar contaminación, obteniendo ganancias ilícitas por $3.700 millones.
6. Expansión en la Reserva Kawésqar: 68 concesiones operan en la reserva y 66 más están en trámite, generando "zonas muertas" y afectando la biodiversidad, según denuncias de comunidades costeras y organizaciones.
7. Uso desproporcionado de antibióticos (2024): Sernapesca reportó un aumento del 22,6% en el uso de antimicrobianos, alcanzando 217,4 toneladas de principio activo entre enero y junio, superando en varias decenas a países como Noruega.
8. Concesiones salmoneras en áreas protegidas (2024): Según informe de la Fundación Terram documentó existen concesiones en el Parque Nacional Isla Magdalena (Aysén): 8; en la Reserva Nacional Las Guaitecas (Aysén): 313; en el Parque Nacional Laguna San Rafael (Aysén): 2; en la Reserva Nacional Kawésqar (Magallanes): 66; y en el Parque Nacional Alberto de Agostini (Magallanes): 19.

La expansión de la industria salmonera concentrado en pocas empresas

Según datos oficiales de Subpesca (noviembre 2024), Nova Austral S.A. (Noruega) encabeza la lista con 27 , seguida por AquaChile Magallanes SPA con 26 concesiones. En tercer lugar, aparece Cermaq Chile S.A. (Japón) con 17 concesiones.
El otorgamiento de concesiones se ha producido en distintas décadas, reflejando un crecimiento progresivo. Nova Austral ha recibido permisos desde 1988, mientras que Acuícola Punta Vergara S.A. ha acumulado concesiones desde 1991. Otras empresas con presencia en la zona incluyen Acuícola Cordillera Ltda. (9 concesiones), Salmones Blumar Magallanes SPA (10) y Australis Mar S.A. (8).
El periodo más activo en la entrega de concesiones fue entre 2013 y 2016, cuando diversas empresas como Cermaq Chile S.A., MultiExport Patagonia S.A. y Salmones Islas del Sur Ltda. obtuvieron gran parte de sus permisos. En tanto, compañías como Salmones Islas del Sur LTDA. y Salmones Blumar Mgallanes han conseguido concesiones en años más recientes.
Este alto nivel de acaparamiento y crecimiento acelerado ha generado preocupación entre sectores ambientalistas y comunidades locales. La sobrecarga de concesiones en determinadas agrupaciones de cultivo podría aumentar los impactos ambientales en ecosistemas marinos de alta sensibilidad, especialmente en fiordos y canales de la región.
El debate sobre la sostenibilidad de la industria salmonera en Magallanes sigue abierto. Con más de 120 concesiones otorgadas en la región, surge la interrogante de si la regulación actual es suficiente para equilibrar la actividad económica con la conservación ambiental. Cabe consignar, que pescadores artesanales de la Patagonia austral, dedicados a la extracción de centollas, importante actividad económica de la región, lograron establecer una veda biológica del huiro flotador por diez años y así proteger el hábitat de este crustáceo. El huiro flotador es el alga marina más extensa del planeta y crea ecosistemas muy biodiversos, sirviendo de hábitat para numerosas especies marinas y mientras los pescadores buscan proteger estos bosques marinos la institucionalidad estatal promueve la instalación de salmoneras en estos ecosistemas.

Por: Territorios Comunicaciones

Es urgente evaluar las prácticas impulsadas por sectores de la industria acuícola que han afectado los derechos indígenas, en particular, aquellos consagrados en la Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios

Representantes indígenas de más de 15 países, junto a organismos ambientales y de derechos humanos, en Yakarta, Indonesia, abordaron los impactos de certificaciones ambientales en diversos sectores, entre ellos, la acuicultura. Alertaron sobre irregularidades en la Patagonia chilena, donde sellos internacionales legitiman violaciones de derechos y afectan ecosistemas, exigiendo auditorías independientes y participación efectiva en la toma de decisiones.

Preocupación internacional por certificadoras ambientales que legitiman daños ecológicos y vulneran derechos indígenas en la Patagonia

Representantes y referentes de diversas organizaciones e instituciones de Pueblos Indígenas de más de 15 países de América Latina, África y Asia, junto a entidades ambientalistas y organismos internacionales de derechos humanos, se reunieron en Yakarta, Indonesia, del 10 al 12 de marzo de 2025 en una Convención Mundial sobre los Esquemas de Certificación y los Sistemas de Auditoría Asociados que afectan los derechos humanos. En el encuentro, se compartieron experiencias con el propósito de construir un entendimiento común sobre los diferentes esquemas de certificación para sectores industriales con acceso a mercados internacionales, incluyendo la minería, el aceite de palma, la madera, la pulpa y el papel, los créditos de carbono-biodiversidad, las energías renovables y la acuicultura.
Durante la convocatoria, se abordó la historia de impactos negativos que diversas comunidades han enfrentado debido a la producción extractivista para mercados internacionales, resaltando sus consecuencias en los derechos humanos y el medio ambiente.
En el caso de Sudamérica, se discutieron problemáticas en los sectores minero, forestal y acuícola, evidenciando deficiencias en los sistemas de certificación y en sus mecanismos de auditoría, gobernanza y reclamaciones. “Estos problemas han llevado al fracaso de los sistemas de certificación para prevenir las violaciones de nuestros derechos colectivos en las cadenas de suministro de productos básicos y, en muchos casos, han legitimado violaciones continuas y no remediadas al poner un sello de sostenibilidad en los productos derivados de nuestros territorios sin nuestro consentimiento previo, libre e informado”, señala el documento final del encuentro.
Asimismo, se reafirmó que, pese a avances normativos, los mecanismos de auditoría y gobernanza carecen de independencia, transparencia y efectividad, perpetuando abusos. “Los Pueblos Indígenas exigen reformas profundas, incluyendo la participación efectiva en la toma de decisiones, auditorías independientes y mecanismos de reclamación accesibles. Además, se rechaza la mercantilización de sus tierras y recursos bajo falsas soluciones climáticas, reafirmando el derecho a la autodeterminación y la protección de los territorios”, destaca otra parte de la declaración.

Certificaciones ambientales en la Patagonia chilena

Durante la Convocatoria en Yakarta, se abordó la concesión de certificaciones ambientales internacionales, como las otorgadas por Best Aquaculture Practices (BAP) y Marine Stewardship Council (MSC), a actividades salmoneras en la Patagonia chilena. “Estas prácticas benefician a empresas locales y transnacionales que operan en áreas protegidas y aguas prístinas, vitales para la biodiversidad. Además, vulneran los derechos de comunidades costeras e indígenas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, incluyendo Espacios Costeros Marinos de Uso Consuetudinario, cuyos medios de vida y entornos naturales enfrentan serias afectaciones”, se señaló durante la convención.
También se enfatizó la necesidad de adoptar medidas concretas para garantizar el cumplimiento de estándares ambientales y de derechos indígenas, asegurando la conservación de los ecosistemas marinos y el bienestar de las comunidades. “La Patagonia es un tesoro global, cuyos bosques marinos y contribuciones de oxígeno son esenciales para el planeta. Proteger este legado es un compromiso ineludible con las generaciones presentes y futuras”, advirtieron.
En este sentido, se instó a las entidades certificadoras a reevaluar sus criterios y revisar los incumplimientos de estándares internacionales por parte de estas empresas. La transparencia y el rigor en estos procesos son fundamentales para preservar la integridad ambiental y social de la Patagonia, un patrimonio invaluable para la humanidad.
“Es urgente, asimismo, evaluar las prácticas impulsadas por sectores de la industria acuícola que han afectado los derechos indígenas, en particular, aquellos consagrados en la Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO)”, concluyeron las representaciones participantes en Yakarta.

Por: Territorios Comunicaciones

Se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 defensores ambientales

Escazú Ahora es una Fundación sin Fines de Lucro con más de cuatro años de experiencia en el desarrollo de investigaciones, campañas y talleres educativos por la protección del medioambiente en América Latina y el Caribe. En marzo de 2022, Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, pionero en el mundo en buscar la protección de activistas medioambientales.
Según consignó la organización Escazú Ahora, un total de 27 defensores ambientales -14 hombres y 13 mujeres- sufrieron vulneraciones a sus derechos en Chile, durante el año 2024. La mayor exposición son mujeres, que registraron el 70% de los casos, y un aumento de la violencia física, que se triplicó respecto al año anterior.
En el informe se indica que “la persistencia de agresiones físicas, el uso sistemático del hostigamiento judicial y la falta de diagnósticos objetivos demuestran que, por acción u omisión, las autoridades no han cumplido con su deber de proteger a quienes, con su labor, fortalecen nuestra democracia y garantizan un futuro sostenible (…) la situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024″.
En 2024 siguió creciendo la violencia contra quienes defienden el medioambiente en el país austral, donde se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 personas, frente a los 35 contra 20 personas que se contabilizaron el año anterior.
En tanto, los ataques físicos -que alcanzaron el 49% de los casos- aumentaron el 35% respecto al año pasado y superaron a las amenazas, la mayor tendencia en 2023, con un promedio de una agresión cada siete días.
“Esta escalada de violencia se puede deber a varios factores, como el incremento en los conflictos socioambientales y la impunidad frente a este tipo de casos, lo que ha permitido que los ataques aumenten sin ninguna consecuencia para los perpetradores”, comentó a EFE el presidente de Escazú Ahora, Sebastián Benfeld.

27 ambientalistas sufrieron vulneración de derechos

En 2024 las mujeres víctimas acumularon la gran mayoría de amenazas. Esto indica que muchas sufrieron reiteradas intimidaciones o actos de violencia. Un 48,4% de las agresiones contra mujeres fueron de naturaleza física.
Por regiones, Valparaíso se encuentra entre los lugares más conflictivos (26,9% de casos), pero destacan también el Bío Bío (26,9%) y Los Lagos (15,4%), donde abundan los conflictos entre comunidades locales y empresas forestales.
De los 47 casos de amenaza contra de personas defensoras del medio ambiente, solo en 29 se denunciaron a la justicia, lo que significa que un 38,2 % desistió de tomar acciones judiciales.
Del total de denuncias, 25 permanecen en trámite más de seis meses después, tres se rechazaron o tuvieron un resultado desfavorable y solo una obtuvo una resolución a favor.