Protectores del medio ambiente. Acción climática

Se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 defensores ambientales

Escazú Ahora es una Fundación sin Fines de Lucro con más de cuatro años de experiencia en el desarrollo de investigaciones, campañas y talleres educativos por la protección del medioambiente en América Latina y el Caribe. En marzo de 2022, Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, pionero en el mundo en buscar la protección de activistas medioambientales.
Según consignó la organización Escazú Ahora, un total de 27 defensores ambientales -14 hombres y 13 mujeres- sufrieron vulneraciones a sus derechos en Chile, durante el año 2024. La mayor exposición son mujeres, que registraron el 70% de los casos, y un aumento de la violencia física, que se triplicó respecto al año anterior.
En el informe se indica que “la persistencia de agresiones físicas, el uso sistemático del hostigamiento judicial y la falta de diagnósticos objetivos demuestran que, por acción u omisión, las autoridades no han cumplido con su deber de proteger a quienes, con su labor, fortalecen nuestra democracia y garantizan un futuro sostenible (…) la situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024″.
En 2024 siguió creciendo la violencia contra quienes defienden el medioambiente en el país austral, donde se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 personas, frente a los 35 contra 20 personas que se contabilizaron el año anterior.
En tanto, los ataques físicos -que alcanzaron el 49% de los casos- aumentaron el 35% respecto al año pasado y superaron a las amenazas, la mayor tendencia en 2023, con un promedio de una agresión cada siete días.
“Esta escalada de violencia se puede deber a varios factores, como el incremento en los conflictos socioambientales y la impunidad frente a este tipo de casos, lo que ha permitido que los ataques aumenten sin ninguna consecuencia para los perpetradores”, comentó a EFE el presidente de Escazú Ahora, Sebastián Benfeld.

27 ambientalistas sufrieron vulneración de derechos

En 2024 las mujeres víctimas acumularon la gran mayoría de amenazas. Esto indica que muchas sufrieron reiteradas intimidaciones o actos de violencia. Un 48,4% de las agresiones contra mujeres fueron de naturaleza física.
Por regiones, Valparaíso se encuentra entre los lugares más conflictivos (26,9% de casos), pero destacan también el Bío Bío (26,9%) y Los Lagos (15,4%), donde abundan los conflictos entre comunidades locales y empresas forestales.
De los 47 casos de amenaza contra de personas defensoras del medio ambiente, solo en 29 se denunciaron a la justicia, lo que significa que un 38,2 % desistió de tomar acciones judiciales.
Del total de denuncias, 25 permanecen en trámite más de seis meses después, tres se rechazaron o tuvieron un resultado desfavorable y solo una obtuvo una resolución a favor.

Este esfuerzo, que es apoyado por sus propios habitantes, ha sido destacado por contribuir a la conservación de un patrimonio natural y cultural invaluable para las generaciones presentes y futuras de la región y el país.

Comunidades indígenas de la comuna de Chaitén, en la región de Los Lagos, buscan restaurar corrales de pesca ancestrales como parte de su solicitud del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Weki-Wil, con enfoque en turismo sustentable y conservación. Las familias que componen estas comunidades rescatan prácticas culturales que contribuyen a la preservación de sus ecosistemas y biodiversidad, enfrentando, desde sus propias costumbres, las amenazas extractivistas que los aquejan y promoviendo un desarrollo respetuoso con la naturaleza.

Comunidades indígenas de Chaitén impulsan la restauración de corrales de pesca ancestrales en el ECMPO Weki-Wil para proteger cultura patrimonial y biodiversidad
En la comuna de Chaitén, región de Los Lagos, entre los fiordos Comau y Reñihué, se encuentra el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Weki-Wil, un territorio que alberga una rica biodiversidad marino-costera y una profunda memoria biocultural. Este espacio, que conecta bosques, playas y mares, es hoy el escenario de una lucha por la conservación y el desarrollo sustentable liderada por comunidades indígenas locales.
Las familias que habitan esta zona han expresado su preocupación por las actividades extractivistas que amenazan la biodiversidad y los usos ancestrales del territorio. Frente a esto, buscan impulsar un modelo de desarrollo inclusivo y respetuoso con sus costumbres y la naturaleza. Uno de los proyectos emblemáticos es la restauración de los corrales de pesca, estructuras históricas que representan un patrimonio arqueológico y cultural invaluable.

Juan Catín, presidente de la comunidad indígena de Buil, explica que la solicitud del ECMPO Weki-Wil tiene un enfoque único: “Precisamente nosotros como comunidad, uno de los focos principales que enfoca la solicitud del espacio costero es el hecho de la difusión del turismo y la conservación de los espacios culturales y naturales que tenemos, dándole un enfoque diferente en relación a otras solicitudes, se puede decir, ya que nuestro fuerte sería el turismo”.

La restauración de los corrales de pesca es un ejemplo concreto de este esfuerzo. Catín relata cómo surgió la idea: “¿Qué pasa con la restauración del corral? Conversando con un familiar de la familia Barrientos, que eran los dueños históricos del corral, le comentamos la idea de intentar restaurar los corrales que hay aquí, y nace a través de esta conversación la idea de restaurar su corral, que fue de ellos, que es un corral de Metrequenes (sistema de corral de pesca de madera o estacones enterradas en playa en los cuales se entrelazan varillas) que le llaman, donde, bueno, uno de los propósitos era mostrar las bases de cómo se construían estas estructuras y con qué fines”.

Catín agrega: “Entonces, claro, hemos estado tratando de levantar información, apoyado ahí por profesionales igual, donde podamos tener un registro visual también de lo que se ha ido haciendo, con objeto de que a futuro la juventud o las nuevas generaciones tengan un concepto o una idea de cómo eran estas estructuras, para qué servían y cuál era su función. Finalmente, la otra propuesta o la otra opción era ver si realmente funcionaba en relación a las épocas donde ellos la ocuparon, si realmente queda pescado y que también nos serviría como un indicio de estudio de cuánto ha disminuido la cantidad de peces que habían a la época y que salían en ese entonces ahí, a las fechas de ahora. Y por último, en el caso de no funcionar así, nos sirve a nosotros como una propuesta más cultural para mostrar de una forma más abierta, por decirlo así, qué es lo que busca resguardar o proteger la comunidad a través de la cultura, a través del conocimiento ancestral entregado por las mismas personas lugareñas y que fomentan un tipo de economía diferente, se puede decir, a la extractivista que generalmente se ha presentado”.

Ricardo Álvarez, académico de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral Universidad Austral, destaca la importancia histórica y ecológica de los corrales de pesca: “La región de Los Lagos reúne la mayor concentración de corrales de pesca en el mundo. Estas estructuras, utilizadas desde tiempos inmemoriales para pescar, existen en casi todas las costas del mundo, incluso en lagos y ríos, y en este archipiélago fueron cruciales para el sostenimiento de las comunidades indígenas y, posteriormente, los asentamientos litorales de miles de familias. Sin embargo, debido a la sobreexplotación marina -iniciada especialmente desde los '80- los antiguos cardúmenes de peces que alimentaban a estas poblaciones desaparecieron, y con ello la costumbre de pescar con corrales. A ello se suman políticas públicas que desde la segunda mitad del siglo XX transformaron la forma y utensilios con los que las personas pescaban. Lo más grave, sustituyeron su cosmovisión y prácticas de cuidado hacia la naturaleza por una forma de interactuar en el mundo orientada casi exclusivamente a explotar el mar sin importar los impactos. Pero muchas comunidades costeras, sobre todo indígenas, resistieron a esta intromisión brutal del Estado y el mercado y mantuvieron en pie sus corrales, incluso sin peces que capturar, como símbolos de un modelo de vida amable con la naturaleza”.

Álvarez agrega: “Los corrales no sólo son muros de pesca: constituyen espacios que albergan a innumerables especies marinas (algas, crustáceos, moluscos, peces de roca, entre muchos otros) que permiten restaurar zonas sobreexplotadas. Por ello, son un ejemplo de contribuciones recíprocas. En Buill, en Chiloé continental, la comunidad indígena local que sostiene una gran solicitud de Espacio Costero (ECMPO) llamado Weki Wil, decidió levantar un corral de pesca recuperando los conocimientos de antaño. Para ello los jóvenes dialogaron con las generaciones de mayor edad para comprender su uso, el rol social que jugaban en la comunidad, técnicas constructivas y de mantenimiento. Durante los meses de verano se reunieron en la playa y lograron levantar un buen tramo de corral con varas trenzadas en estacones clavados en la arena. Esperan lograr terminarlo con apoyo de la comunidad. No es una iniciativa aislada, pues en otras localidades como Ilque, Quillaipe o Coñimó sus habitantes están nuevamente restaurando sus antiguos corrales como una forma de demostrar que su modelo de vida y forma de ver el mundo sigue vigente, como una propuesta activa para recuperar la gobernanza marino-costera y refrenar el ímpetu con el que ha actuado el actual modelo devastador de desarrollo”.

El Espacio costero Weki-Wil es un proyecto integral que combina conservación, turismo sustentable y rescate cultural. Para las comunidades indígenas, no se trata solo de proteger un territorio, sino de reafirmar su identidad y su conexión con la naturaleza. Como concluye Catín: “Esto nos sirve para mostrar qué es lo que busca resguardar o proteger la comunidad a través de la cultura y el conocimiento ancestral”.

Este esfuerzo, que es apoyado por sus propios habitantes, y el aporte del Grupo de Investigación en Antropología de la Conservación, y el Programa Austral Patagonia, ha sido destacado no solo por ser un beneficio para las comunidades locales, sino también por contribuir a la conservación de un patrimonio natural y cultural invaluable para las generaciones presentes y futuras de la región y el país.

Por: Equipo Comunicaciones Mapuche

Ver video: Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) WEKI WILL / Patagonia Mar y Tierra

Al menos 15.027 hectáreas se han fragmentado en cientos de proyectos inmobiliarios, reduciendo significativamente la superficie agrícola disponible

Si queremos entender por qué el trigo está en retirada, miremos el panorama completo: parcelaciones descontroladas, una industria forestal voraz y un modelo agrícola obsoleto. La entrega de tierras a comunidades indígenas es, en todo caso, una oportunidad para diversificar y fortalecer la producción agrícola, si se acompaña de apoyo técnico sostenible y financiero adecuado

El diputado (chileno) Andrés Jouannet (Amarillos) nos ha iluminado con una teoría revolucionaria: la caída en la superficie cultivada de trigo en La Araucanía es culpa de “las malas políticas públicas” y de Conadi. Según su lógica, no importa que los suelos se estén secando, que las plantaciones forestales se expandan como una plaga de langostas, o que los grandes agricultores sigan apostando por el monocultivo sin innovación. No, la culpa es de la entrega de tierras a comunidades mapuche.
En la última década, la fiebre de las parcelaciones de agrado ha reconfigurado el paisaje rural de La Araucanía. Al menos 15.027 hectáreas se han fragmentado en cientos de proyectos inmobiliarios, reduciendo significativamente la superficie agrícola disponible (Minvu, 2024). Pero claro, según Jouannet, los campos de trigo no desaparecen por el avance del mercado inmobiliario, sino por Conadi. Tal vez cree que las comunidades indígenas están en el negocio de las parcelas de agrado y los condominios campestres con piscina.
Mientras el diputado se distrae buscando culpables en el mundo mapuche, los datos cuentan otra historia. La industria forestal en La Araucanía ha crecido sin freno en las últimas décadas. Entre 1973 y 2007, su superficie se expandió en un 62,9%, sumando más de 220.000 hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto (Nahuelhual et al., 2012). En la subcuenca del río Quepe, solo entre 1994 y 2007, las plantaciones forestales aumentaron un 97,1%, mientras que las áreas agrícolas disminuyeron (Bahamondez et al., 2013).
Por si fuera poco, el impacto ambiental del modelo forestal es devastador: (1) Menos agua: Estudios han demostrado que la expansión de plantaciones forestales reduce el caudal de las cuencas en hasta un 18% (CR2, 2023); (2) Más erosión: La conversión de tierras agrícolas en monocultivos forestales degrada los suelos, dejando poco margen para la recuperación de cultivos como el trigo (Lara et al., 2020); (3) Más pobreza: Investigaciones han revelado que el crecimiento de la industria forestal está vinculado al aumento de la pobreza y la desigualdad en las comunas donde opera (Reyes et al., 2019).
Ahora bien, los grandes agricultores también tienen su cuota de responsabilidad, pues aquí viene otro detalle que no calza con el relato del diputado. Mientras la superficie cultivable desaparece, los grandes agricultores han seguido apostando por el monocultivo intensivo sin diversificación, cambiando desde el modelo cerealero al de los frutales. Se han resistido a implementar nuevas formas productivas como la agricultura regenerativa, a invertir en suelos sanos o a mejorar el uso del agua. La solución no es sembrar más trigo, sino transformar su cultivo mediante técnicas agroecológicas y regenerativas que no solo mejoren la producción, sino que también le agreguen valor, asegurando su sostenibilidad a largo plazo (Altieri & Nicholls, 2020).
Si queremos entender por qué el trigo está en retirada, miremos el panorama completo: parcelaciones descontroladas, una industria forestal voraz y un modelo agrícola obsoleto. La entrega de tierras a comunidades indígenas es, en todo caso, una oportunidad para diversificar y fortalecer la producción agrícola, si se acompaña de apoyo técnico sostenible y financiero adecuado.
Pero claro, culpar a Conadi es más fácil y vende mejor en los titulares. Mientras tanto, el trigo sigue sin crecer entre los pinos.

Por: Ximena Sepúlveda Varas, ingeniera civil industrial y magíster en desarrollo humano local y regional,

Referencias

Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2020). Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable. Icaria Editorial.
Bahamondez, C., Muñoz, C., & Bertrán, C. (2013). Transformaciones del paisaje en la cuenca del río Quepe, La Araucanía, Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 54, 145-163. https://scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022013000100008
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). (2023). El impacto de las plantaciones forestales en los ecosistemas de Chile. https://www.cr2.cl/analisis-cr2-el-impacto-de-las-plantaciones-forestales
Lara, A., Little, C., Urrutia, R., McPhee, J., Álvarez-Garretón, C., Oyarzún, C., & Soto, D. (2020). Conservación de cuencas y la seguridad hídrica en Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 93(1), 1-14. https://www.scielo.cl/pdf/rchnat/v93/0717-6538-rchnat-93-01-1.pdf
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). (2024). El impacto de las parcelas de agrado en Chile. Recuperado de https://centrodeestudios.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2024/10/El-impacto-de-las-parcelas-de-agrado-en-Chile_Minvu-2024.pdf
Nahuelhual, L., Carmona, A., Lara, A., Echeverría, C., & González, M. E. (2012). Land-cover change to forest plantations: Proximate causes and implications for the landscape in south-central Chile. Landscape and Urban Planning, 107(1), 12-20. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.04.006
Reyes, R., Silva, J., & Gutiérrez, C. (2019). Impacto socioeconómico de la expansión forestal en el sur de Chile. Interferencia, 12(4), 67-89. https://interferencia.cl/articulos/estudio-muestra-que-industria-forestal-ha-creado-mayor-desigualdad-y-pobreza-en-el-sur-de

Es un contrasentido de marca mundial que el país pretenda ser líder en conservación del océano y a su vez permitir una actividad industrial contaminante en áreas destinadas a la conservación

A tres años del gobierno de Gabriel Boric, la tensión entre la industria salmonera, las comunidades costeras y las organizaciones ambientalistas persiste en la Patagonia. Juan Carlos Viveros, de Defendamos Chiloé, critica la falta de acción gubernamental y reitera la exigencia de que las empresas salgan de las áreas protegidas.

A tres años del gobierno de Boric: Las tensiones que persisten en la Patagonia por el conflicto acuícola en áreas protegidas

El próximo 11 de marzo se cumplen tres años del gobierno del presidente Gabriel Boric, un período marcado por desafíos en materia ambiental, especialmente en la relación entre la industria salmonera, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas del sur de Chile. La expansión de la salmonicultura en áreas protegidas y ecosistemas frágiles ha generado conflictos desde la Región de Los Lagos hasta Magallanes, con impactos ambientales significativos.
En mayo de 2022, durante una visita a Magallanes, el presidente Boric declaró: “Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas”. Además, enfatizó la necesidad de equilibrar el empleo con la protección ambiental, señalando que no se deben otorgar más concesiones sin estudios independientes sobre la capacidad de carga del suelo marítimo.
Sin embargo, a la fecha, 32 empresas, incluyendo conglomerados chilenos y transnacionales provenientes de capitales noruegos, canadienses, japonesas, chinos, estadounidenses, alemanas y australianos, controlan cientos de concesiones industriales dentro de Parques Nacionales y áreas protegidas en la Patagonia. Organizaciones ambientales denuncian la degradación de ecosistemas y la falta de medidas efectivas para frenar la explotación desmedida de la naturaleza, lo que ha generado desconfianza en las instituciones políticas.

Juan Carlos Viveros: “La gestión del gobierno ha sido deficiente, casi una inacción”

También se cumplen tres años desde que el gobierno asumiera una posición ecologista: “Nuestro gobierno será el primer gobierno ecologista en la historia de Chile, por lo que avanzaremos con cambios concretos para enfrentar las problemáticas ecológicas, cuidando la naturaleza y nuestra identidad, para así heredar un mejor futuro para las próximas generaciones”. Sin embargo, esta consigna hoy es cuestionada por diversos referentes ambientalistas y, en esta ocasión, es evaluada desde la perspectiva de los conflictos en áreas protegidas y parques nacionales de la Patagonia, debidos a los impactos de la industria acuícola.

Juan Carlos Viveros, ambientalista, ingeniero comercial y coordinador de Defendamos Chiloé, evaluó críticamente la gestión gubernamental en materia salmonera. La gestión del gobierno en materia salmonera ha sido bien extraña. Recordemos que la misma industria criticó por 2 años que no tenían diálogo con el gobierno, que no eran recibidos por los ministros. Paradójicamente, quienes buscamos un desarrollo más armónico y sostenible, éramos recibidos, pero sin lograr resultados concretos sobre las propuestas que presentamos, en particular la salida de la industria de las áreas protegidas de la Patagonia, afirmó.

Viveros recordó las promesas incumplidas del gobierno, como el anuncio del presidente Boric en Magallanes y el compromiso del subsecretario de Pesca, Julio Salas, de presentar un plan para retirar las concesiones de áreas protegidas. “Hasta el día de hoy el subsecretario está al debe. No ha presentado nada”, señaló.

Propuestas para un desarrollo sostenible

Viveros insistió en que la industria salmonera debe abandonar las áreas protegidas. “Es un contrasentido de marca mundial que el país pretenda ser líder en conservación del océano y a su vez permitir una actividad industrial contaminante en áreas destinadas a la conservación”, afirmó. Además, propuso un ordenamiento territorial y marítimo basado en estudios científicos, similar al sistema de semáforos utilizado en Noruega, donde se regula la producción según la capacidad de los ecosistemas.
También destacó la necesidad de involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones. “El Estado debe tener una política de ordenamiento del territorio/maritorio, donde a través de estudios científicos de impactos y de capacidad de carga de los ecosistemas se sepa de manera concreta en qué zonas pueden producir y en qué zonas no”, explicó.

Impactos ambientales irreparables

Viveros alertó sobre los graves daños causados por la industria salmonera, incluyendo la contaminación del agua, la destrucción de fondos marinos y la amenaza a especies nativas como el chungungo y el huillín. “No solo son graves e incluso irreparables algunos de los daños en columna de agua, fondos marinos muertos y contaminación de ecosistemas. Recientemente se están sumando estudios sobre los impactos sobre la biodiversidad nativa marina. La muerte de ballenas por colisión con embarcaciones, la matanza de lobos marinos, el desplazar de sus hábitats al chungungo y huillín al punto de ponerlos en peligro de extinción, los impactos sobre los bosques de algas gigantes como el huiro patagónico. Qué decir de la resistencia a los antibióticos que podría producirse tras el excesivo uso de estos fármacos, que sus residuos ya se encuentran en humedales, en aves playeras y migratorias. Una amenaza a la seguridad de la salud global”, afirmó.
Además, destacó que “lo increíble de todo esto es que si se calculara el valor económico de todos estos impactos y la industria tuviera que pagarlos, dejaría de ser rentable inmediatamente. Hoy lo hace porque el Estado les permite. Es esto lo que debe cambiar”.

Un llamado a la acción

A tres años del gobierno de Boric, el desafío de conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental sigue pendiente, de acuerdo con las organizaciones. Las palabras de Viveros resuenan como un llamado urgente a la acción: Tenemos que entender todos, gobiernos, parlamento, propietarios, gerencias de la industria, que el contexto en que estamos viviendo de emergencias de contaminación, de pérdida de biodiversidad y de cambio climático nos obliga a ser absolutamente conscientes en las decisiones. Aquí lo que está en juego no es la industria, es la continuidad de la especie humana en este amado y bello planeta.

Por: Territorios Comunicaciones

Estos esfuerzos reflejan un compromiso con la sustentabilidad y el respeto a los derechos ancestrales, alineados con las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que promueven el desarrollo equitativo y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales.

La comuna de Hualaihué se impulsa un importante ejemplo de inclusión y gobernanza colectiva de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), que reafirma el reciente reconocimiento por la ONU a la Ley de Espacios Costeros, como modelo global para la protección de océanos y derechos indígenas, promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo local.

Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios como ejemplo de inclusión

En la comuna de Hualaihué, región de Los Lagos, se encuentra el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) más grande de la zona: Mañihueico-Huinay, con una superficie de 83 mil hectáreas, que fue destacado recientemente en redes sociales, por el canal informativo: “Espacios Costeros”.
Este espacio costero, solicitado en 2010 inicialmente por nueve comunidades mapuche, hoy incluye en su Plan de Administración a 19 comunidades indígenas, 32 sindicatos de pescadores, 55 miticultores, 11 empresas de turismo, 9 establecimientos educacionales y 53 juntas de vecinos, según se señala. Este modelo de gestión, destacado por su inclusión y desarrollo cultural y económico, es un ejemplo de cómo los ECMPO pueden integrar a diversos actores en la gobernanza colectiva del borde costero, hecho que se replica en varios territorios costeros del sur del país.
El ECMPO Mañihueico-Huinay, resalta con este enfoque inclusivo que ha permitido armonizar los usos tradicionales con actividades económicas, demostrando que la sustentabilidad y el desarrollo local pueden coexistir.

Video: Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios protegen la pesca artesanal (Parte I)
La Ley 20.249, también conocida como Ley Lafkenche y promulgada en 2008, es la base legal que permite la creación de estos espacios. Su objetivo es proteger los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios y fomentar la gestión sostenible del borde costero.
Según el informe 2025 de la ONU, esta ley y los ECMPO son un “modelo ejemplar” para la protección de los derechos indígenas y la gobernanza oceánica inclusiva. La relatora especial de la ONU, Astrid Puentes Riaño, resaltó que estos espacios son “buenas prácticas” que deben replicarse globalmente, ya que combinan la conservación cultural y ambiental con un enfoque ecosistémico.
La ONU ha destacado que este modelo “protege los vínculos culturales, espirituales y económicos de los pueblos originarios con el mar”, al tiempo que promueve la participación activa de múltiples actores en la gestión del territorio.

Compatibilidad entre los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, la pesca artesanal y otras actividades económicas

El oficio N° 31364 del Gobierno de Chile, desde la Jefatura de División del Gobierno Interior, emitido en noviembre de 2024, refuerza esta visión al señalar que los ECMPO son compatibles con la pesca artesanal y otras actividades económicas.

Video: Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios protegen la pesca artesanal (Parte II)
La normativa garantiza que los derechos constituidos de los pescadores artesanales y otros usuarios sean respetados, asegurando que la creación de estos espacios no genere conflictos. Además, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) juega un papel clave en la coordinación de estas actividades, promoviendo la participación de todos los actores involucrados.

Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y gobernanza colectiva
Este modelo de gobernanza inclusiva no se limita a Hualaihué. En otras zonas como Isla Apiao, Caulín, San Juan de la Costa y Achao, también se han implementado procesos participativos que integran a comunidades indígenas, pescadores y otros usuarios del borde costero. Estos esfuerzos reflejan un compromiso con la sustentabilidad y el respeto a los derechos ancestrales, alineados con las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que promueven el desarrollo equitativo y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales.
Así, la Ley Lafkenche y los ECMPO representan un avance significativo en la protección de los derechos indígenas y la gestión sostenible de los recursos marinos. Como señaló la ONU, estos espacios son un “estándar global” que combina la conservación ambiental con la inclusión social, demostrando que es posible proteger el medio ambiente mientras se fortalecen las comunidades locales. En Hualaihué y otras comunas costeras, este modelo sigue siendo un faro de esperanza para la gobernanza colectiva comunitaria y la sustentabilidad social, económica y ambiental.

Por: Equipo Comunicaciones Mapuche

Comunidades del Archipiélago de Las Guaitecas, denuncian la reactivación irregular de concesiones salmoneras caducas sin evaluar los impactos ambientales y económicos. El lonko Daniel Caniullán advierte sobre la complicidad del Estado y las consecuencias devastadoras en la pesca artesanal y los ecosistemas marinos en Aysén.

Reactivación de concesión salmonera en Guaitecas genera indignación: Lonko advierte ilegalidad y daño a la pesca artesanal

Comunidades del Archipiélago de Las Guaitecas enfrentan con indignación la reactivación de una concesión acuícola en Repollal, sector de Canal Puquitín y Canal Lagrés, tras más de 15 años de inactividad. La industria salmonera, representada en este caso por AquaChile, retoma operaciones sin evaluaciones de impacto ambiental ni consideración de la economía local, principalmente basada en la pesca artesanal.
Según la Ley General de Pesca y Acuicultura, toda concesión que supere dos años sin actividad debería caducarse. Sin embargo, informes de agosto del 2024, de la Contraloría General de la República (CGR) han evidenciado graves deficiencias en la fiscalización de 170 centros salmoneros inactivos. Pese a la instrucción de la CGR de abrir sumarios administrativos para esclarecer responsabilidades, el gobierno sigue permitiendo la reactivación de estas concesiones.
El lonko Daniel Caniullán, de la comunidad Pu Wapi, miembro del Comité Bentónico de Aysén y buzo mariscador, denuncia que este retorno a la actividad ignora el desastre ecológico que AquaChile generó en 2009. “Ese centro de cultivo generó un tremendo desastre ambiental en el ecosistema marino. Denunciamos la situación a Sernapesca y al municipio, pero no se tomaron medidas”, recuerda.
Según Caniullán, los efectos fueron evidentes: “La gente se enronchó los pies al mariscar por las masas de grasa y químicos en la superficie, el calor y la acumulación de peces muertos en los pasillos causaron un colapso de oxígeno. Hoy, en 2025, pretenden reactivar el centro, ignorando la ley y los daños que esto causará a la pesca artesanal”.
La pesca artesanal en la zona depende de recursos bentónicos como erizos, cholgas, chorros y almejas. “Es lamentable ver cómo el gobierno y las autoridades políticas desconocen la ley o hacen vista gorda. La colusión política es evidente. Hay un poder político que avala el daño, ignorando los efectos negativos y la importancia de este ecosistema”, señala el lonko.
El sector donde se reactivaría la salmonera es también hábitat de especies emblemáticas como el delfín chileno y el delfín austral. “El gobierno hace vista gorda y, para colmo, las empresas blanquean su imagen con donaciones menores, como cuadernos y lápices, engañando a quienes desconocen el impacto real de su actividad en el maritorio” (imagen del ‘territorio’ pero desde y en el mar), denuncia Caniullán.
El lonko también alerta sobre una preocupante plaga marina: “Hemos visto bancos naturales afectados por una anémona invasora que está desplazando a los recursos bentónicos. Si a esto sumamos los químicos y pesticidas que las salmoneras vierten al mar, el problema se agrava”.
Caniullán explica que la actividad salmonera altera gravemente el ecosistema marino: “La centoya y otros crustáceos se refugian bajo las jaulas salmoneras, lo que impide que los pescadores coloquen trampas en sus zonas de captura habituales. Esto afecta directamente nuestra economía y nuestra forma de vida”.

Ampliación de biomasa salmonera en Isla Leukayek: caso Camanchaca

A la situación de AquaChile se suma la ampliación de biomasa salmonera en Isla Leukayek por parte de Camanchaca. “Nos preocupa que el gobierno siga aprobando estos proyectos a pesar de las advertencias de los pescadores artesanales.
En la participación ciudadana les dijimos que respetaran el medioambiente. Sin embargo, la avaricia y la falta de conocimiento de las autoridades les dan luz verde a proyectos inviables”, expresa el dirigente.

“Les importa un comino la opinión de los habitantes”

El dirigente enfatiza que la falta de regulación y la connivencia de las autoridades con la industria salmonera amenazan la sustentabilidad del maritorio. “El gobierno y la industria no quieren escuchar. Les importa un comino la opinión de los habitantes. Si el diálogo no funciona, llevaremos esto a tribunales ambientales para determinar si estas empresas están cumpliendo con la ley y respetando los derechos de las comunidades”.
Finalmente, Caniullán hace un llamado a la opinión pública a mantenerse informada y alerta ante estas acciones que ponen en riesgo los ecosistemas marinos de la Patagonia Norte. “Seguiremos denunciando y mantendremos informada a la comunidad sobre la evolución de este conflicto en los tribunales ambientales”, concluye.

Por: Territorios Comunicaciones

Proteger los bosques azules resguarda la biodiversidad marina, fortalece la resiliencia frente al cambio climático y protege el corazón de los océanos

El Diario El País a fines de enero de 2025 reveló que los bosques de algas gigantes de la Patagonia chilena enfrentan graves amenazas debido al calentamiento global y la expansión de la industria salmonera. El estudio, realizado por el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) de Chile, identificó que estas macroalgas, esenciales para la mitigación del cambio climático y la protección de los ecosistemas marinos, están bajo presión en tres áreas protegidas del extremo sur del país.
Los fiordos de la Reserva Nacional de Guaitecas, al norte de la Patagonia, son uno de los puntos críticos. Allí, la salmonicultura intensiva, con más de 300 concesiones activas, se ha convertido en la amenaza dominante.
Según la investigadora María José Martínez-Harms, académica de la Universidad Santo Tomás, las flotas de transporte asociadas a esta industria también generan impactos significativos en los bosques de algas, especialmente en los fiordos centrales de la reserva.
En el Parque Nacional Isla Magdalena, ubicado en el estrecho sur de Chile, el cambio climático emerge como la principal amenaza, agravado por actividades de salmonicultura. Martínez-Harms explicó que, aunque las concesiones acuícolas son menos numerosas en esta zona, la combinación del aumento de las temperaturas y la industria salmonera exacerba los riesgos. “En escenarios sin cambio climático, la acuicultura sigue siendo un factor de riesgo, pero el calentamiento global intensifica la amenaza”, señaló.
La Reserva Kawésqar, en la Patagonia más austral, también presenta niveles de riesgo, aunque en menor intensidad. Los investigadores del IEB destacaron que estos bosques de algas no solo son sumideros de carbono cruciales para combatir el cambio climático, sino que también protegen las costas de eventos climáticos extremos y actúan como filtros biológicos, previniendo la eutrofización y manteniendo la calidad del agua.
Las macroalgas, en particular la especie Macrocystis pyrifera (huiro flotador), pueden alcanzar hasta 70 metros de altura y son fundamentales para estructurar hábitats marinos. Estos bosques submarinos, distribuidos a lo largo de la costa chilena, destacan por ser uno de los pocos ecosistemas marinos casi inalterados por actividades humanas a nivel mundial. Sin embargo, su futuro está en peligro.
Frente a esta crisis, la Campaña Bosques Azules, impulsada entre 2023 y 2024, buscó concientizar sobre la importancia de estos ecosistemas. Bajo el lema “Salvemos los Bosques Azules de la Patagonia”, la iniciativa ciudadana promovió prácticas sostenibles y políticas de conservación efectivas. La campaña destacó que estos bosques marinos, dominados por huiros y cochayuyos, son esenciales para mitigar el cambio climático y mantener el equilibrio ecológico marino.
A pesar de su relevancia, los bosques azules enfrentan amenazas crecientes, como la deforestación marina debido a la extracción excesiva de algas para industrias alimentarias, farmacéuticas y cosméticas. Carolina Camus, directora del Núcleo Milenio de Agronomía Marina de Algas (MASH), propuso el cultivo de algas como una solución sostenible. “El cultivo no solo provee biomasa y reduce la presión sobre las praderas naturales, sino que también ofrece servicios ecosistémicos”, explicó durante su participación en el Congreso Futuro 2025, destaca la publicación del diario El País.
Cabe consignar, que la Campaña Bosques Azules urgió a implementar estrategias que respalden la investigación científica, promuevan la concientización y establezcan normativas para garantizar la preservación a largo plazo de estos ecosistemas. “Proteger los bosques azules no solo resguarda la biodiversidad marina, sino que fortalece la resiliencia frente al cambio climático y protege el corazón mismo de los océanos”, señalaron desde la iniciativa.
En un contexto donde las cumbres mundiales sobre cambio climático comienzan a reconocer la importancia de estos ecosistemas, la investigación del IEB resuena como un llamado urgente a la acción. La preservación de los bosques de algas gigantes no es solo como una prioridad ambiental, sino una necesidad global para asegurar el futuro del planeta, destacan

Por: Territorios Comunicaciones

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) han emitido una alerta global sobre el preocupante estado de conservación de dos especies endémicas de Chile: el huillín (Lontra provocax) y el chungungo (Lontra felina).

La UICN y la Comisión para la Supervivencia de las Especies alertan sobre el crítico estado del huillín y el chungungo en Chile, amenazadas por la acuicultura y especies invasoras. Tras más de un año de una carta urgente a autoridades chilenas, aún no hay respuestas concretas.

Impactos de la industria acuícola: Alertan que las nutrias en Chile, huillín y chungungo, están al borde de la extinción

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) han emitido una alerta global sobre el preocupante estado de conservación de dos especies endémicas de Chile: el huillín (Lontra provocax) y el chungungo (Lontra felina). Ambas nutrias, clasificadas como "En Peligro" según los criterios de la UICN, enfrentan una crisis sin precedentes debido a la pérdida de hábitat, la invasión de especies exóticas y los impactos de la industria acuícola.
En diciembre de 2023, la UICN y la CSE enviaron una carta urgente a las autoridades chilenas, incluyendo a la ministra del Medio Ambiente, María Heloisa Rojas Corradi, y al ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, solicitando acciones concretas para proteger estas especies. Sin embargo, más de un año después, no se ha recibido respuesta alguna, lo que ha generado alarma entre la comunidad científica y conservacionista.
El huillín, una nutria de río, y el chungungo, una nutria marina, son especies únicas en el mundo, con una distribución limitada principalmente al sur de Chile. Ambas han sufrido una drástica reducción de sus poblaciones debido a la caza furtiva histórica, la destrucción de su hábitat y la introducción del visón americano (Neogale vison), una especie invasora que compite por recursos y transmite enfermedades.
Además, la expansión de la industria salmonera en el sur de Chile ha exacerbado los riesgos para estas nutrias. Estudios recientes, como el publicado por el Dr. Gonzalo Medina Vogel en 2023, evidencian una superposición preocupante entre las áreas de distribución de las nutrias y las concesiones acuícolas. En algunos casos, se han registrado muertes de huillines en los ductos de toma de agua de pisciculturas, lo que subraya la urgencia de implementar medidas de mitigación.
La UICN y la CSE han solicitado al gobierno chileno que establezca un grupo de trabajo multidisciplinario, integrado por científicos, funcionarios públicos y representantes de la industria acuícola, para diseñar un plan de acción que garantice la supervivencia de estas especies. Sin embargo, la falta de respuestas y acciones concretas ha dejado a estas nutrias en un limbo crítico.
La inacción no solo pone en riesgo la biodiversidad chilena, sino también el legado natural único del país. La comunidad internacional espera que Chile asuma su responsabilidad y actúe de manera decisiva para evitar la desaparición de estas especies icónicas.

Voz de alerta desde Chile: “Hablamos de especies cercanas a la extinción”

El Dr. Gonzalo Medina Vogel, experto en nutrias y miembro de la UICN, ha sido enfático en señalar que el huillín y el chungungo están al borde de la extinción, cuya situación es grave.

"El huillín y el chungungo son especies con la menor diversidad genética. El huillín está en una situación crítica. Algunos individuos presentan malformaciones genéticas, como un solo riñón o baja capacidad inmunológica. Sus poblaciones están muy disminuidas. Existe una interacción entre las pisciculturas (salmoneras) y estas especies, pero no sabemos si hay un conflicto”.
Agrega Medina: “Huillines han muerto en los ductos de toma de agua de piscicultura en ríos. En las balsas en el mar los ven ingresando. Debemos enfrentar esta situación con ciencia, evaluar la interacción y buscar soluciones. Educar al personal para que sepa identificar las especies”.
El científico también afirmó: “El Estado y la industria no pueden desconocer esta responsabilidad. Hablamos de especies cercanas a la extinción, que no existen en otros países. El 98% de los huillines que quedan están solo en Chile, y la situación del chungungo es similar".