A nivel global, los pueblos indígenas son reconocidos como protectores del medio ambiente. En el pueblo mapuche, las actividades de las industrias extractivas, la construcción de represas, la minería y las plantaciones de monocultivos tienen consecuencias devastadoras para el sistema de vida de las comunidades. Durante décadas, los mapuche protectores del medio ambiente se han opuesto, desactivado y en muchos casos detenido estos proyectos.
By Centro Ñuke Mapu La Fundación Escazú reportó que en 2023 hubo amenazas contra 20 defensores ambientales en Chile. América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza.
¿Dónde está la defensora ambiental Julia Chuñil?
El colectivo G80 entregó una carta en el Palacio de la Moneda dirigida al presidente Gabriel Boric exigiendo esclarecer la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental mapuche de 72 años, desaparecida hace más de seis meses en el sur de Chile bajo amenazas previas y en un contexto de violencia estructural contra activistas ambientales según denuncias difundidas por EFE Verde.
Escritoras, artistas y docentes del colectivo G80 entregaron este jueves una carta al presidente Gabriel Boric para exigir que se profundice la búsqueda de la defensora medioambiental mapuche, Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace seis meses en la localidad rural de Máfil, en el sur de Chile, informó la agencia internacional EFE Verde.
El grupo, que conmemora a Gabriela Mistral como figura del “Día de la Poesía Chilena”, firmó la misiva en su nombre. Según reportó EFE, la carta fue entregada en mano por la poeta y vocera Sol Danor en el Palacio de La Moneda y exige “medidas efectivas para proteger a estos líderes y garantizar su seguridad”.
En palabras recogidas por EFE Verde, la carta subraya que “es fundamental que el Estado chileno cumpla sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y se garantice la seguridad y protección de su pueblo”. El texto, leído en voz alta en el patio frontal de La Moneda, agrega: “Quiero manifestarle, presidente Boric, que me tomo la libertad de escribirle esta carta, porque dediqué mi vida a Chile (…) ¿Dónde está Julia Chuñil?”.
Julia Chuñil, de 72 años, recibió amenazas previas a su desaparición. La familia sostiene que “la sacaron del campo” y vincula su ausencia a intereses “económicos y políticos”. La investigación, hasta hoy, se mantiene bajo estricta reserva.
EFE Verde destacó que Julia Chuñil presidía desde 2014 la Comunidad Indígena de Putreguel, donde lideraba la defensa de tierras ancestrales frente a la deforestación. Su desaparición ocurrió en un contexto de histórica disputa territorial entre el Estado, empresas forestales y comunidades mapuche en el sur del país.
En declaraciones a la agencia internacional, el presidente de la Fundación Escazú Ahora, Sebastián Benfeld, denunció la falta de implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022. “No hay una implementación cabal”, dijo, recordando que se cumplieron ya más de 100 días sin novedades en el caso.
La Fundación Escazú Ahora, citada por EFE, reportó que en 2023 hubo amenazas contra 20 defensores ambientales en Chile, de los cuales un 65 % son mujeres. América Latina, según la misma fuente, sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza.
La agencia internacional también recordó que el caso de Chuñil evoca el de la defensora mapuche Macarena Valdés, muerta en 2016 en circunstancias aún no esclarecidas tras oponerse a un proyecto hidroeléctrico en la misma región. Su muerte se presentó como suicidio, tesis que la familia siempre rechazó.
Actualmente, la familia de Chuñil mantiene una querella por secuestro, homicidio o femicidio contra quienes resulten responsables. Según reportó la agencia internacional, el presidente Boric se comprometió públicamente a diciembre pasado a seguir el caso “hasta el final”, compromiso que hoy el colectivo G80 exige honrar.
Ver el video en la plataforma de EFE Verde.
Por Equipo Comunicaciones Mapuche
By Centro Ñuke Mapu En la actualidad, 32 empresas de grupos empresariales y transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, se han adjudicado 416 concesiones industriales en los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia.
La industria salmonera en Chile ha bloqueado leyes ambientales, presionado contra territorios indígenas y evitado sanciones, revelando su influencia en el Estado. Casos clave: rechazo a protección de áreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), modificación de la Ley Lafquenche, suspensión de nueva ley acuícola y caducidades incumplidas. Comunidades denuncian desinformación y complicidad estatal, desde la ciencia, hablan de “astroturfing”.
Del SBAP a la Ley Lafquenche: el poder empresarial que frena normas ambientales e indígenas y evade el control público
En mayo de 2023, tras un intenso lobby, la Comisión Mixta del Congreso rechazó una indicación clave en el proyecto de Ley SBAP que buscaba regular las concesiones salmoneras en áreas protegidas (AP). La votación, con un empate inicial (5-5), terminó con el rechazo definitivo gracias a parlamentarios como José Meza (Republicano), Juan Coloma (UDI), Paulina Núñez (RN), Matías Walker (Independiente) y Gustavo Sanhueza (UDI).
La científica Cristina Dorador denunció luego de la votación: «Que decepcionante y lamentable la argumentación de algunos parlamentarios sobre la Ley SBAP y defensa a las salmoneras. Con ese nivel no nos quedará Chile que proteger» (X, mayo 2023) . En otro posteo comentó: “En el paupérrimo debate de esta tarde #SBAP un parlamentario dijo que era una "irracionalidad" tener áreas protegidas. Se necesitan estándares mínimos de entendimiento y conocimientos para poder legislar” (X, 29 de mayo, 2023). En otra publicación: “Lo que está haciendo la industria salmonera al oponerse al #SBAP es un claro ejemplo de #Astroturfing, es decir, una campaña de la élite empresarial enmascarada como un movimiento social, en este caso incluyendo el apoyo de parlamentarios” (X, 28 de mayo, 2023).
Las empresas financiaron campañas mediáticas, movilizaron trabajadores y presionaron con argumentos económicos, logrando mantener su acceso a zonas de alto valor ecológico.
Ley Lafquenche bajo ataque: comunidades indígenas versus salmoneras
La LEY NÚM. 20.249. CREA EL ESPACIO COSTERO MARINO DE LOS. PUEBLOS ORIGINARIOS, también conocida como Ley Lafquenche, que protege espacios costeros de pueblos originarios de usos consuetudinarios, ha sido sistemáticamente saboteada por la industria. En Magallanes, Aysén y Los Lagos, los Consejos Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) —donde influyen gremios salmoneros— han rechazado solicitudes de ECMPO (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios).
Aunque los ECMPO no constituyen propiedad privada sino un reconocimiento de uso consuetudinario -que promueve la gobernanza colectiva entre diversos actores y que no afecta las concesiones preexistentes en las zonas-, numerosas solicitudes de comunidades indígenas han sido sistemáticamente obstaculizadas.
Casos emblemáticos:
Ley acuícola suspendida y caducidades incumplidas
En noviembre 2024, el gobierno suspendió la tramitación de la nueva Ley de Acuicultura tras presión del sector salmonero. Paralelamente, la Subsecretaría de FF.AA. solo caducó 78 de 428 concesiones irregulares, pese a informes de la Contraloría General (CGR) que detectaron 170 centros inactivos no fiscalizados (CGR, agosto 2024).
La Fundación Terram denunció: «SERNAPESCA ocultó información, permitiendo que empresas mantengan concesiones sin operar por años» (Informe CIPER, mayo 2024).
El Subsecretario Galo Eidelstein informó a Prensa Austral, que en los restantes 350 casos no se verificaron incumplimientos punibles, pese a denuncias reiteradas por organizaciones ambientales desde 2022.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) emitido en agosto de 2024 resaltó graves deficiencias en la fiscalización de 170 centros de cultivo de salmones inactivos. La CGR señaló que Sernapesca no comunicó dichas situaciones a la SS.FF.AA., obstaculizando la declaración de caducidad. El documento también subrayó que 79 procesos relacionados con centros inactivos siguen pendientes desde 2016, mientras otros 36 excedieron los plazos legales.
Sobreproducción y perdonazos millonarios
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha omitido sanciones por sobreproducción y contaminación:
95 casos de sobreproducción en reservas nacionales (67 mil toneladas ilegales) quedaron impunes, con solo 13 denuncias (CIPER Chile, mayo 2024. Fundación Terram). Nova Austral, responsable de 19 concesiones en parques nacionales, recibió un perdonazo: Luego de cuatro años de iniciada una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Nova Austral por fraude de subvenciones y posteriormente de que identificara que la empresa recibió $59.580 millones de pesos vía Ley Navarino -entre 2016 y 2019- a través de la entrega de información falsa; en marzo de este año el Ministerio Público presentó una propuesta de acuerdo alternativo para suspender el proceso judicial a cambio de que Nova Austral pague sus deudas tributarias, por un monto de $30.229 millones de pesos, de los cuales $9.130 millones (38%) se financiarían con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino, que se encuentran retenidas como medida cautelar ($6.953 millones) y pendientes de pago ($2.177 millones). Cabe recordar que 19 de las 28 concesiones salmoneras que operan dentro de parques nacionales pertenecen a Nova Austral.
Captura regulatoria y complicidad estatal
Un 4 de mayo del 2022, el presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la región de Magallanes, expresó que las empresas salmoneras tienen que salir de las áreas protegidas: «Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas», expresó el mandatario.
También indicó el mandatario: «Desde nuestro gobierno tenemos que buscar ese equilibrio sensible, difícil, de cómo compatibilizar el empleo que entregan esas empresas con las externalidades que provocan (…) No se puede entregar más concesiones en la medida que no existan estudios de capacidad de carga del suelo marítimo, autónomos de las salmoneras, y que exista una capacidad fiscalizadora del Estado».
Cabe señalar, que en la actualidad, 32 empresas de grupos empresariales y conglomerados familiares chilenos junto a transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, controlan, a lo menos, 416 concesiones industriales al interior de los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia.
Por Territorios Comunicaciones
By Centro Ñuke Mapu Con más de 120 concesiones otorgadas en la región, surge la interrogante de si la regulación actual es suficiente para equilibrar la actividad económica con la conservación ambiental
Según datos oficiales y reportes de organizaciones ambientales la industria salmonera en Magallanes acumula un extenso registro de episodios de contaminación, daños ecológicos y litigios.
Empresas salmoneras en Magallanes
La industria acuícola salmonera en Magallanes está dominada por empresas extranjeras y nacionales, que no son de la región, entre las que destacan AquaChile (AgruSúper) y Nova Austral (capitales noruegos). Estas compañías operan en áreas de alto valor ecológico, como el Parque Nacional Alberto de Agostini en el caso de Nova Austral, quien ha enfrentado denuncias por falsificación de datos y daños ambientales y También en la Reserva Nacional Kawesqar.
Otros actores relevantes incluyen a Multiexport (chilena) y Blumar (empresas chilenas). También asoman empresas como Cermaq Chile (multinacional 100% propiedad del grupo Mitsubishi Corporation de Japón), Australis Sea Food (empresa china Joyvio), que han expandido su presencia en la región, generando controversia por su impacto en áreas protegidas y conflictos con comunidades locales.
El prontuario que acumula la industria salmonera en el extremo austral
La industria salmonera en Magallanes enfrenta múltiples denuncias: muerte de ballenas, sobreproducción ilegal en reservas, falsificación de datos (Nova Austral) y "zonas muertas" por contaminación. Informes revelan uso excesivo de antibióticos y expansión en áreas protegidas, pese a impactos y patrón de incumplimientos.
Estos son los hechos documentados, recordados por la campaña Defendamos Patagonia:
La expansión de la industria salmonera concentrado en pocas empresas
Según datos oficiales de Subpesca (noviembre 2024), Nova Austral S.A. (Noruega) encabeza la lista con 27 , seguida por AquaChile Magallanes SPA con 26 concesiones. En tercer lugar, aparece Cermaq Chile S.A. (Japón) con 17 concesiones.
El otorgamiento de concesiones se ha producido en distintas décadas, reflejando un crecimiento progresivo. Nova Austral ha recibido permisos desde 1988, mientras que Acuícola Punta Vergara S.A. ha acumulado concesiones desde 1991. Otras empresas con presencia en la zona incluyen Acuícola Cordillera Ltda. (9 concesiones), Salmones Blumar Magallanes SPA (10) y Australis Mar S.A. (8).
El periodo más activo en la entrega de concesiones fue entre 2013 y 2016, cuando diversas empresas como Cermaq Chile S.A., MultiExport Patagonia S.A. y Salmones Islas del Sur Ltda. obtuvieron gran parte de sus permisos. En tanto, compañías como Salmones Islas del Sur LTDA. y Salmones Blumar Mgallanes han conseguido concesiones en años más recientes.
Este alto nivel de acaparamiento y crecimiento acelerado ha generado preocupación entre sectores ambientalistas y comunidades locales. La sobrecarga de concesiones en determinadas agrupaciones de cultivo podría aumentar los impactos ambientales en ecosistemas marinos de alta sensibilidad, especialmente en fiordos y canales de la región.
El debate sobre la sostenibilidad de la industria salmonera en Magallanes sigue abierto. Con más de 120 concesiones otorgadas en la región, surge la interrogante de si la regulación actual es suficiente para equilibrar la actividad económica con la conservación ambiental. Cabe consignar, que pescadores artesanales de la Patagonia austral, dedicados a la extracción de centollas, importante actividad económica de la región, lograron establecer una veda biológica del huiro flotador por diez años y así proteger el hábitat de este crustáceo. El huiro flotador es el alga marina más extensa del planeta y crea ecosistemas muy biodiversos, sirviendo de hábitat para numerosas especies marinas y mientras los pescadores buscan proteger estos bosques marinos la institucionalidad estatal promueve la instalación de salmoneras en estos ecosistemas.
Por: Territorios Comunicaciones
By Centro Ñuke Mapu Es urgente evaluar las prácticas impulsadas por sectores de la industria acuícola que han afectado los derechos indígenas, en particular, aquellos consagrados en la Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios
Representantes indígenas de más de 15 países, junto a organismos ambientales y de derechos humanos, en Yakarta, Indonesia, abordaron los impactos de certificaciones ambientales en diversos sectores, entre ellos, la acuicultura. Alertaron sobre irregularidades en la Patagonia chilena, donde sellos internacionales legitiman violaciones de derechos y afectan ecosistemas, exigiendo auditorías independientes y participación efectiva en la toma de decisiones.
Preocupación internacional por certificadoras ambientales que legitiman daños ecológicos y vulneran derechos indígenas en la Patagonia
Representantes y referentes de diversas organizaciones e instituciones de Pueblos Indígenas de más de 15 países de América Latina, África y Asia, junto a entidades ambientalistas y organismos internacionales de derechos humanos, se reunieron en Yakarta, Indonesia, del 10 al 12 de marzo de 2025 en una Convención Mundial sobre los Esquemas de Certificación y los Sistemas de Auditoría Asociados que afectan los derechos humanos. En el encuentro, se compartieron experiencias con el propósito de construir un entendimiento común sobre los diferentes esquemas de certificación para sectores industriales con acceso a mercados internacionales, incluyendo la minería, el aceite de palma, la madera, la pulpa y el papel, los créditos de carbono-biodiversidad, las energías renovables y la acuicultura.
Durante la convocatoria, se abordó la historia de impactos negativos que diversas comunidades han enfrentado debido a la producción extractivista para mercados internacionales, resaltando sus consecuencias en los derechos humanos y el medio ambiente.
En el caso de Sudamérica, se discutieron problemáticas en los sectores minero, forestal y acuícola, evidenciando deficiencias en los sistemas de certificación y en sus mecanismos de auditoría, gobernanza y reclamaciones. “Estos problemas han llevado al fracaso de los sistemas de certificación para prevenir las violaciones de nuestros derechos colectivos en las cadenas de suministro de productos básicos y, en muchos casos, han legitimado violaciones continuas y no remediadas al poner un sello de sostenibilidad en los productos derivados de nuestros territorios sin nuestro consentimiento previo, libre e informado”, señala el documento final del encuentro.
Asimismo, se reafirmó que, pese a avances normativos, los mecanismos de auditoría y gobernanza carecen de independencia, transparencia y efectividad, perpetuando abusos. “Los Pueblos Indígenas exigen reformas profundas, incluyendo la participación efectiva en la toma de decisiones, auditorías independientes y mecanismos de reclamación accesibles. Además, se rechaza la mercantilización de sus tierras y recursos bajo falsas soluciones climáticas, reafirmando el derecho a la autodeterminación y la protección de los territorios”, destaca otra parte de la declaración.
Certificaciones ambientales en la Patagonia chilena
Durante la Convocatoria en Yakarta, se abordó la concesión de certificaciones ambientales internacionales, como las otorgadas por Best Aquaculture Practices (BAP) y Marine Stewardship Council (MSC), a actividades salmoneras en la Patagonia chilena. “Estas prácticas benefician a empresas locales y transnacionales que operan en áreas protegidas y aguas prístinas, vitales para la biodiversidad. Además, vulneran los derechos de comunidades costeras e indígenas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, incluyendo Espacios Costeros Marinos de Uso Consuetudinario, cuyos medios de vida y entornos naturales enfrentan serias afectaciones”, se señaló durante la convención.
También se enfatizó la necesidad de adoptar medidas concretas para garantizar el cumplimiento de estándares ambientales y de derechos indígenas, asegurando la conservación de los ecosistemas marinos y el bienestar de las comunidades. “La Patagonia es un tesoro global, cuyos bosques marinos y contribuciones de oxígeno son esenciales para el planeta. Proteger este legado es un compromiso ineludible con las generaciones presentes y futuras”, advirtieron.
En este sentido, se instó a las entidades certificadoras a reevaluar sus criterios y revisar los incumplimientos de estándares internacionales por parte de estas empresas. La transparencia y el rigor en estos procesos son fundamentales para preservar la integridad ambiental y social de la Patagonia, un patrimonio invaluable para la humanidad.
“Es urgente, asimismo, evaluar las prácticas impulsadas por sectores de la industria acuícola que han afectado los derechos indígenas, en particular, aquellos consagrados en la Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO)”, concluyeron las representaciones participantes en Yakarta.
Por: Territorios Comunicaciones
By Centro Ñuke Mapu Se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 defensores ambientales
Escazú Ahora es una Fundación sin Fines de Lucro con más de cuatro años de experiencia en el desarrollo de investigaciones, campañas y talleres educativos por la protección del medioambiente en América Latina y el Caribe. En marzo de 2022, Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, pionero en el mundo en buscar la protección de activistas medioambientales.
Según consignó la organización Escazú Ahora, un total de 27 defensores ambientales -14 hombres y 13 mujeres- sufrieron vulneraciones a sus derechos en Chile, durante el año 2024. La mayor exposición son mujeres, que registraron el 70% de los casos, y un aumento de la violencia física, que se triplicó respecto al año anterior.
En el informe se indica que “la persistencia de agresiones físicas, el uso sistemático del hostigamiento judicial y la falta de diagnósticos objetivos demuestran que, por acción u omisión, las autoridades no han cumplido con su deber de proteger a quienes, con su labor, fortalecen nuestra democracia y garantizan un futuro sostenible (…) la situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024″.
En 2024 siguió creciendo la violencia contra quienes defienden el medioambiente en el país austral, donde se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 personas, frente a los 35 contra 20 personas que se contabilizaron el año anterior.
En tanto, los ataques físicos -que alcanzaron el 49% de los casos- aumentaron el 35% respecto al año pasado y superaron a las amenazas, la mayor tendencia en 2023, con un promedio de una agresión cada siete días.
“Esta escalada de violencia se puede deber a varios factores, como el incremento en los conflictos socioambientales y la impunidad frente a este tipo de casos, lo que ha permitido que los ataques aumenten sin ninguna consecuencia para los perpetradores”, comentó a EFE el presidente de Escazú Ahora, Sebastián Benfeld.
27 ambientalistas sufrieron vulneración de derechos
En 2024 las mujeres víctimas acumularon la gran mayoría de amenazas. Esto indica que muchas sufrieron reiteradas intimidaciones o actos de violencia. Un 48,4% de las agresiones contra mujeres fueron de naturaleza física.
Por regiones, Valparaíso se encuentra entre los lugares más conflictivos (26,9% de casos), pero destacan también el Bío Bío (26,9%) y Los Lagos (15,4%), donde abundan los conflictos entre comunidades locales y empresas forestales.
De los 47 casos de amenaza contra de personas defensoras del medio ambiente, solo en 29 se denunciaron a la justicia, lo que significa que un 38,2 % desistió de tomar acciones judiciales.
Del total de denuncias, 25 permanecen en trámite más de seis meses después, tres se rechazaron o tuvieron un resultado desfavorable y solo una obtuvo una resolución a favor.
By Centro Ñuke Mapu Este esfuerzo, que es apoyado por sus propios habitantes, ha sido destacado por contribuir a la conservación de un patrimonio natural y cultural invaluable para las generaciones presentes y futuras de la región y el país.
Comunidades indígenas de la comuna de Chaitén, en la región de Los Lagos, buscan restaurar corrales de pesca ancestrales como parte de su solicitud del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Weki-Wil, con enfoque en turismo sustentable y conservación. Las familias que componen estas comunidades rescatan prácticas culturales que contribuyen a la preservación de sus ecosistemas y biodiversidad, enfrentando, desde sus propias costumbres, las amenazas extractivistas que los aquejan y promoviendo un desarrollo respetuoso con la naturaleza.
Comunidades indígenas de Chaitén impulsan la restauración de corrales de pesca ancestrales en el ECMPO Weki-Wil para proteger cultura patrimonial y biodiversidad
En la comuna de Chaitén, región de Los Lagos, entre los fiordos Comau y Reñihué, se encuentra el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Weki-Wil, un territorio que alberga una rica biodiversidad marino-costera y una profunda memoria biocultural. Este espacio, que conecta bosques, playas y mares, es hoy el escenario de una lucha por la conservación y el desarrollo sustentable liderada por comunidades indígenas locales.
Las familias que habitan esta zona han expresado su preocupación por las actividades extractivistas que amenazan la biodiversidad y los usos ancestrales del territorio. Frente a esto, buscan impulsar un modelo de desarrollo inclusivo y respetuoso con sus costumbres y la naturaleza. Uno de los proyectos emblemáticos es la restauración de los corrales de pesca, estructuras históricas que representan un patrimonio arqueológico y cultural invaluable.
Juan Catín, presidente de la comunidad indígena de Buil, explica que la solicitud del ECMPO Weki-Wil tiene un enfoque único: “Precisamente nosotros como comunidad, uno de los focos principales que enfoca la solicitud del espacio costero es el hecho de la difusión del turismo y la conservación de los espacios culturales y naturales que tenemos, dándole un enfoque diferente en relación a otras solicitudes, se puede decir, ya que nuestro fuerte sería el turismo”.
La restauración de los corrales de pesca es un ejemplo concreto de este esfuerzo. Catín relata cómo surgió la idea: “¿Qué pasa con la restauración del corral? Conversando con un familiar de la familia Barrientos, que eran los dueños históricos del corral, le comentamos la idea de intentar restaurar los corrales que hay aquí, y nace a través de esta conversación la idea de restaurar su corral, que fue de ellos, que es un corral de Metrequenes (sistema de corral de pesca de madera o estacones enterradas en playa en los cuales se entrelazan varillas) que le llaman, donde, bueno, uno de los propósitos era mostrar las bases de cómo se construían estas estructuras y con qué fines”.
Catín agrega: “Entonces, claro, hemos estado tratando de levantar información, apoyado ahí por profesionales igual, donde podamos tener un registro visual también de lo que se ha ido haciendo, con objeto de que a futuro la juventud o las nuevas generaciones tengan un concepto o una idea de cómo eran estas estructuras, para qué servían y cuál era su función. Finalmente, la otra propuesta o la otra opción era ver si realmente funcionaba en relación a las épocas donde ellos la ocuparon, si realmente queda pescado y que también nos serviría como un indicio de estudio de cuánto ha disminuido la cantidad de peces que habían a la época y que salían en ese entonces ahí, a las fechas de ahora. Y por último, en el caso de no funcionar así, nos sirve a nosotros como una propuesta más cultural para mostrar de una forma más abierta, por decirlo así, qué es lo que busca resguardar o proteger la comunidad a través de la cultura, a través del conocimiento ancestral entregado por las mismas personas lugareñas y que fomentan un tipo de economía diferente, se puede decir, a la extractivista que generalmente se ha presentado”.
Ricardo Álvarez, académico de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral Universidad Austral, destaca la importancia histórica y ecológica de los corrales de pesca: “La región de Los Lagos reúne la mayor concentración de corrales de pesca en el mundo. Estas estructuras, utilizadas desde tiempos inmemoriales para pescar, existen en casi todas las costas del mundo, incluso en lagos y ríos, y en este archipiélago fueron cruciales para el sostenimiento de las comunidades indígenas y, posteriormente, los asentamientos litorales de miles de familias. Sin embargo, debido a la sobreexplotación marina -iniciada especialmente desde los '80- los antiguos cardúmenes de peces que alimentaban a estas poblaciones desaparecieron, y con ello la costumbre de pescar con corrales. A ello se suman políticas públicas que desde la segunda mitad del siglo XX transformaron la forma y utensilios con los que las personas pescaban. Lo más grave, sustituyeron su cosmovisión y prácticas de cuidado hacia la naturaleza por una forma de interactuar en el mundo orientada casi exclusivamente a explotar el mar sin importar los impactos. Pero muchas comunidades costeras, sobre todo indígenas, resistieron a esta intromisión brutal del Estado y el mercado y mantuvieron en pie sus corrales, incluso sin peces que capturar, como símbolos de un modelo de vida amable con la naturaleza”.
Álvarez agrega: “Los corrales no sólo son muros de pesca: constituyen espacios que albergan a innumerables especies marinas (algas, crustáceos, moluscos, peces de roca, entre muchos otros) que permiten restaurar zonas sobreexplotadas. Por ello, son un ejemplo de contribuciones recíprocas. En Buill, en Chiloé continental, la comunidad indígena local que sostiene una gran solicitud de Espacio Costero (ECMPO) llamado Weki Wil, decidió levantar un corral de pesca recuperando los conocimientos de antaño. Para ello los jóvenes dialogaron con las generaciones de mayor edad para comprender su uso, el rol social que jugaban en la comunidad, técnicas constructivas y de mantenimiento. Durante los meses de verano se reunieron en la playa y lograron levantar un buen tramo de corral con varas trenzadas en estacones clavados en la arena. Esperan lograr terminarlo con apoyo de la comunidad. No es una iniciativa aislada, pues en otras localidades como Ilque, Quillaipe o Coñimó sus habitantes están nuevamente restaurando sus antiguos corrales como una forma de demostrar que su modelo de vida y forma de ver el mundo sigue vigente, como una propuesta activa para recuperar la gobernanza marino-costera y refrenar el ímpetu con el que ha actuado el actual modelo devastador de desarrollo”.
El Espacio costero Weki-Wil es un proyecto integral que combina conservación, turismo sustentable y rescate cultural. Para las comunidades indígenas, no se trata solo de proteger un territorio, sino de reafirmar su identidad y su conexión con la naturaleza. Como concluye Catín: “Esto nos sirve para mostrar qué es lo que busca resguardar o proteger la comunidad a través de la cultura y el conocimiento ancestral”.
Este esfuerzo, que es apoyado por sus propios habitantes, y el aporte del Grupo de Investigación en Antropología de la Conservación, y el Programa Austral Patagonia, ha sido destacado no solo por ser un beneficio para las comunidades locales, sino también por contribuir a la conservación de un patrimonio natural y cultural invaluable para las generaciones presentes y futuras de la región y el país.
Por: Equipo Comunicaciones Mapuche
Ver video: Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) WEKI WILL / Patagonia Mar y Tierra
By Centro Ñuke Mapu Al menos 15.027 hectáreas se han fragmentado en cientos de proyectos inmobiliarios, reduciendo significativamente la superficie agrícola disponible
Si queremos entender por qué el trigo está en retirada, miremos el panorama completo: parcelaciones descontroladas, una industria forestal voraz y un modelo agrícola obsoleto. La entrega de tierras a comunidades indígenas es, en todo caso, una oportunidad para diversificar y fortalecer la producción agrícola, si se acompaña de apoyo técnico sostenible y financiero adecuado
El diputado (chileno) Andrés Jouannet (Amarillos) nos ha iluminado con una teoría revolucionaria: la caída en la superficie cultivada de trigo en La Araucanía es culpa de “las malas políticas públicas” y de Conadi. Según su lógica, no importa que los suelos se estén secando, que las plantaciones forestales se expandan como una plaga de langostas, o que los grandes agricultores sigan apostando por el monocultivo sin innovación. No, la culpa es de la entrega de tierras a comunidades mapuche.
En la última década, la fiebre de las parcelaciones de agrado ha reconfigurado el paisaje rural de La Araucanía. Al menos 15.027 hectáreas se han fragmentado en cientos de proyectos inmobiliarios, reduciendo significativamente la superficie agrícola disponible (Minvu, 2024). Pero claro, según Jouannet, los campos de trigo no desaparecen por el avance del mercado inmobiliario, sino por Conadi. Tal vez cree que las comunidades indígenas están en el negocio de las parcelas de agrado y los condominios campestres con piscina.
Mientras el diputado se distrae buscando culpables en el mundo mapuche, los datos cuentan otra historia. La industria forestal en La Araucanía ha crecido sin freno en las últimas décadas. Entre 1973 y 2007, su superficie se expandió en un 62,9%, sumando más de 220.000 hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto (Nahuelhual et al., 2012). En la subcuenca del río Quepe, solo entre 1994 y 2007, las plantaciones forestales aumentaron un 97,1%, mientras que las áreas agrícolas disminuyeron (Bahamondez et al., 2013).
Por si fuera poco, el impacto ambiental del modelo forestal es devastador: (1) Menos agua: Estudios han demostrado que la expansión de plantaciones forestales reduce el caudal de las cuencas en hasta un 18% (CR2, 2023); (2) Más erosión: La conversión de tierras agrícolas en monocultivos forestales degrada los suelos, dejando poco margen para la recuperación de cultivos como el trigo (Lara et al., 2020); (3) Más pobreza: Investigaciones han revelado que el crecimiento de la industria forestal está vinculado al aumento de la pobreza y la desigualdad en las comunas donde opera (Reyes et al., 2019).
Ahora bien, los grandes agricultores también tienen su cuota de responsabilidad, pues aquí viene otro detalle que no calza con el relato del diputado. Mientras la superficie cultivable desaparece, los grandes agricultores han seguido apostando por el monocultivo intensivo sin diversificación, cambiando desde el modelo cerealero al de los frutales. Se han resistido a implementar nuevas formas productivas como la agricultura regenerativa, a invertir en suelos sanos o a mejorar el uso del agua. La solución no es sembrar más trigo, sino transformar su cultivo mediante técnicas agroecológicas y regenerativas que no solo mejoren la producción, sino que también le agreguen valor, asegurando su sostenibilidad a largo plazo (Altieri & Nicholls, 2020).
Si queremos entender por qué el trigo está en retirada, miremos el panorama completo: parcelaciones descontroladas, una industria forestal voraz y un modelo agrícola obsoleto. La entrega de tierras a comunidades indígenas es, en todo caso, una oportunidad para diversificar y fortalecer la producción agrícola, si se acompaña de apoyo técnico sostenible y financiero adecuado.
Pero claro, culpar a Conadi es más fácil y vende mejor en los titulares. Mientras tanto, el trigo sigue sin crecer entre los pinos.
Por: Ximena Sepúlveda Varas, ingeniera civil industrial y magíster en desarrollo humano local y regional,
Referencias
Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2020). Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable. Icaria Editorial.
Bahamondez, C., Muñoz, C., & Bertrán, C. (2013). Transformaciones del paisaje en la cuenca del río Quepe, La Araucanía, Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 54, 145-163. https://scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022013000100008
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). (2023). El impacto de las plantaciones forestales en los ecosistemas de Chile. https://www.cr2.cl/analisis-cr2-el-impacto-de-las-plantaciones-forestales
Lara, A., Little, C., Urrutia, R., McPhee, J., Álvarez-Garretón, C., Oyarzún, C., & Soto, D. (2020). Conservación de cuencas y la seguridad hídrica en Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 93(1), 1-14. https://www.scielo.cl/pdf/rchnat/v93/0717-6538-rchnat-93-01-1.pdf
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). (2024). El impacto de las parcelas de agrado en Chile. Recuperado de https://centrodeestudios.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2024/10/El-impacto-de-las-parcelas-de-agrado-en-Chile_Minvu-2024.pdf
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By Centro Ñuke Mapu Es un contrasentido de marca mundial que el país pretenda ser líder en conservación del océano y a su vez permitir una actividad industrial contaminante en áreas destinadas a la conservación
A tres años del gobierno de Gabriel Boric, la tensión entre la industria salmonera, las comunidades costeras y las organizaciones ambientalistas persiste en la Patagonia. Juan Carlos Viveros, de Defendamos Chiloé, critica la falta de acción gubernamental y reitera la exigencia de que las empresas salgan de las áreas protegidas.
A tres años del gobierno de Boric: Las tensiones que persisten en la Patagonia por el conflicto acuícola en áreas protegidas
El próximo 11 de marzo se cumplen tres años del gobierno del presidente Gabriel Boric, un período marcado por desafíos en materia ambiental, especialmente en la relación entre la industria salmonera, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas del sur de Chile. La expansión de la salmonicultura en áreas protegidas y ecosistemas frágiles ha generado conflictos desde la Región de Los Lagos hasta Magallanes, con impactos ambientales significativos.
En mayo de 2022, durante una visita a Magallanes, el presidente Boric declaró: “Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas”. Además, enfatizó la necesidad de equilibrar el empleo con la protección ambiental, señalando que no se deben otorgar más concesiones sin estudios independientes sobre la capacidad de carga del suelo marítimo.
Sin embargo, a la fecha, 32 empresas, incluyendo conglomerados chilenos y transnacionales provenientes de capitales noruegos, canadienses, japonesas, chinos, estadounidenses, alemanas y australianos, controlan cientos de concesiones industriales dentro de Parques Nacionales y áreas protegidas en la Patagonia. Organizaciones ambientales denuncian la degradación de ecosistemas y la falta de medidas efectivas para frenar la explotación desmedida de la naturaleza, lo que ha generado desconfianza en las instituciones políticas.
Juan Carlos Viveros: “La gestión del gobierno ha sido deficiente, casi una inacción”
También se cumplen tres años desde que el gobierno asumiera una posición ecologista: “Nuestro gobierno será el primer gobierno ecologista en la historia de Chile, por lo que avanzaremos con cambios concretos para enfrentar las problemáticas ecológicas, cuidando la naturaleza y nuestra identidad, para así heredar un mejor futuro para las próximas generaciones”. Sin embargo, esta consigna hoy es cuestionada por diversos referentes ambientalistas y, en esta ocasión, es evaluada desde la perspectiva de los conflictos en áreas protegidas y parques nacionales de la Patagonia, debidos a los impactos de la industria acuícola.
Juan Carlos Viveros, ambientalista, ingeniero comercial y coordinador de Defendamos Chiloé, evaluó críticamente la gestión gubernamental en materia salmonera. La gestión del gobierno en materia salmonera ha sido bien extraña. Recordemos que la misma industria criticó por 2 años que no tenían diálogo con el gobierno, que no eran recibidos por los ministros. Paradójicamente, quienes buscamos un desarrollo más armónico y sostenible, éramos recibidos, pero sin lograr resultados concretos sobre las propuestas que presentamos, en particular la salida de la industria de las áreas protegidas de la Patagonia, afirmó.
Viveros recordó las promesas incumplidas del gobierno, como el anuncio del presidente Boric en Magallanes y el compromiso del subsecretario de Pesca, Julio Salas, de presentar un plan para retirar las concesiones de áreas protegidas. “Hasta el día de hoy el subsecretario está al debe. No ha presentado nada”, señaló.
Propuestas para un desarrollo sostenible
Viveros insistió en que la industria salmonera debe abandonar las áreas protegidas. “Es un contrasentido de marca mundial que el país pretenda ser líder en conservación del océano y a su vez permitir una actividad industrial contaminante en áreas destinadas a la conservación”, afirmó. Además, propuso un ordenamiento territorial y marítimo basado en estudios científicos, similar al sistema de semáforos utilizado en Noruega, donde se regula la producción según la capacidad de los ecosistemas.
También destacó la necesidad de involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones. “El Estado debe tener una política de ordenamiento del territorio/maritorio, donde a través de estudios científicos de impactos y de capacidad de carga de los ecosistemas se sepa de manera concreta en qué zonas pueden producir y en qué zonas no”, explicó.
Impactos ambientales irreparables
Viveros alertó sobre los graves daños causados por la industria salmonera, incluyendo la contaminación del agua, la destrucción de fondos marinos y la amenaza a especies nativas como el chungungo y el huillín. “No solo son graves e incluso irreparables algunos de los daños en columna de agua, fondos marinos muertos y contaminación de ecosistemas. Recientemente se están sumando estudios sobre los impactos sobre la biodiversidad nativa marina. La muerte de ballenas por colisión con embarcaciones, la matanza de lobos marinos, el desplazar de sus hábitats al chungungo y huillín al punto de ponerlos en peligro de extinción, los impactos sobre los bosques de algas gigantes como el huiro patagónico. Qué decir de la resistencia a los antibióticos que podría producirse tras el excesivo uso de estos fármacos, que sus residuos ya se encuentran en humedales, en aves playeras y migratorias. Una amenaza a la seguridad de la salud global”, afirmó.
Además, destacó que “lo increíble de todo esto es que si se calculara el valor económico de todos estos impactos y la industria tuviera que pagarlos, dejaría de ser rentable inmediatamente. Hoy lo hace porque el Estado les permite. Es esto lo que debe cambiar”.
Un llamado a la acción
A tres años del gobierno de Boric, el desafío de conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental sigue pendiente, de acuerdo con las organizaciones. Las palabras de Viveros resuenan como un llamado urgente a la acción: Tenemos que entender todos, gobiernos, parlamento, propietarios, gerencias de la industria, que el contexto en que estamos viviendo de emergencias de contaminación, de pérdida de biodiversidad y de cambio climático nos obliga a ser absolutamente conscientes en las decisiones. Aquí lo que está en juego no es la industria, es la continuidad de la especie humana en este amado y bello planeta.
Por: Territorios Comunicaciones
Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu.
On Line desde 1994.
